La Corte Suprema de Justicia ratifica su posición respecto de lo innecesario de una nueva jurisdicción para la resolución de este tipo de conflictos, pues, estas funciones están hoy en cabeza de una de las salas especializadas de ese cuerpo colegiado.
Hace poco menos de una semana, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura enviaron una carta a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y a los ponentes del proyecto que busca reformar la Constitución y crear una Jurisdicción Agraria y Rural, señalando que tal propuesta era redundante, en el entendido de que esas funciones están hoy en cabeza la Sala de Casación Civil y Agraria del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, ratificó su posición sobre el particular en un comunicado de prensa, donde de nuevo sugiere hacer unos ajustes al proyecto que cursa en la Cámara de Representantes e insiste en lo fútil de la creación de una jurisdicción agraria y rural.
“Con la actual infraestructura, capacidad e idoneidad del sistema judicial colombiano, es innecesaria la creación e implementación de una nueva Corte Agraria y Rural, para cubrir la urgencia de una justicia especializada que dirima los conflictos del uso, tenencia y propiedad de la tierra en el país”, dice el alto tribunal.
Igualmente, la Corte Suprema de Justicia en cabeza de su presidente, reitera su compromiso institucional y humano en la pronta resolución de todos los conflictos de índole jurídico que a la postre permitirían sin contratiempos una nueva visión sobre el campo y la ruralidad de acuerdo con lo establecido en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz.
La recomendación de la Corte
En ese entendido, recomiendan que los esfuerzos legislativos estén encaminados al fortalecimiento de la planta de personal y la tecnología de los juzgados y tribunales especializados en esa materia, para que se puede desde allí desplegar el ejercicio jurídico que cientos de miles de colombianos necesitan.
“La reforma constitucional en trámite en el Congreso de la República debe centrarse en disponer la creación amplia y suficiente de cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales. Este es el eje del cambio. Esta es la única forma de dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales, mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera Jurisdicción Agraria y Rural requerida por los habitantes de la mayor parte del territorio nacional, azotados por la violencia y la problemática de la tierra”, apremia la comunicación.
Aseguran que las modificaciones sugeridas por las Altas Cortes a la Cámara de Representantes son el camino más expedito no solo para cumplir con las expectativas de todos los que hasta hoy esperan la resolución de conflictos relacionados con la tierra, sino también, en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las instituciones con competencia en dichos asuntos.
“Este ajuste en el proyecto remueve los obstáculos temporales, logísticos, económicos y financieros que conllevaría para el país, una nueva Corte Agraria y Rural. En consecuencia, la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales ofrece la respuesta judicial eficaz y efectiva adecuada al compromiso de justicia agraria”, concluye la carta.
