La Fiscalía imputó a cinco ciudadanos extranjeros y a una mujer colombiana por instrumentalizar a menores de la etnia Embera Katío en prácticas de mendicidad en espacios públicos de Medellín. La red habría obtenido más de 2.000 millones de pesos al año revendiendo productos recolectados.
Las autoridades destaparon una red criminal que instrumentalizaba a niños y niñas indígenas Embera Katío, muchos de ellos menores de cinco años, para ejercer mendicidad en parques y zonas turísticas de Medellín.
Los fiscales especializados, con apoyo de la Policía Nacional, identificaron que los menores eran usados para solicitar a turistas productos de primera necesidad como leche, pañales y medicamentos.
Posteriormente, los artículos eran revendidos en droguerías y comercios del sector de El Poblado, especialmente en inmediaciones del Parque Lleras y Provenza. De esta forma, la red obtenía ganancias ilícitas estimadas en 180 millones de pesos mensuales, que superaban los 2.000 millones de pesos al año.
Ante un juez de control de garantías fueron presentados Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores con fines de mendicidad. Ninguno aceptó los cargos.
El juez dispuso medida de aseguramiento intramural para los cinco extranjeros, mientras que López Sánchez deberá cumplir detención domiciliaria.
Durante los actos de investigación, en los que participaron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, se logró el restablecimiento de derechos en más de 900 casos de menores afectados en los últimos dos años. Además, tres farmacias señaladas de revender los productos fueron cerradas y selladas.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de las comunidades indígenas desplazadas en contextos urbanos y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a redes de explotación infantil.
