Recursos para atención a víctimas son insuficientes: Contraloría

Existe rezago en el cumplimiento de subsidios para vivienda, generación de ingresos y educación superior.

No alcanzan los recursos destinados para dar cumplimiento a las medidas de asistencia, atención y reparación para más de 9 millones de colombianos incluidos en Registro Único de Víctimas.

Según cálculos actualizados de la Contraloría, entre 2023 y 2031 se necesitarían alrededor de $252,4 billones, valor que no incluye el costo del cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras, ni los recursos que requieren destinar las entidades territoriales. Es necesario anotar que los recursos para atender la cobertura de educación y salud alcanzarían $124,1 billones adicionales.

Para el tema de indemnización individual y colectiva se necesitarían $84,2 billones; para vivienda, $71,8 billones; generación de ingresos, $19,4 billones; subsistencia mínima, $17,3 billones y retornos y reubicaciones, $12,1 billones.

Vivienda

Existe insuficiente oferta para acceder a una vivienda adecuada para las víctimas de desplazamiento forzado. Entre el año 2000 y a marzo de 2023, se han asignado 316.127 subsidios para vivienda urbana y 56.915 para rural, número mínimo frente a los 1.205.718 hogares pendientes de atención.

A marzo de 2023, de los subsidios asignados entre 2004 y 2011 se mantienen 19.367 subsidios por un valor de $288.069 millones en Cuentas de Ahorro Programado, que no ha sido posible aplicarlos y corresponden a un 27,7 % del rezago total de subsidios sin aplicar o ejecutar.

Generación de ingresos

La población víctima ha registrado los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema del país. Según cifras DANE, en 2021, las tasas de incidencia de pobreza monetaria y de pobreza extrema para esta comunidad fueron superiores en 10,8 puntos porcentuales y 5,7 8 puntos porcentuales frente al total nacional. Con corte a abril de 2023, de 6.187.942 víctimas registradas en Sisbén IV, un 79 % se ubican en los niveles más bajos de pobreza extrema y pobreza moderada.

En este sentido, la Contraloría considera que se requiere una política de generación de ingresos específica para población víctima, que garantice la articulación interinstitucional y la efectividad de las inversiones realizada por 4 sectores y 10 entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas, participantes de la oferta de programas.

Por esto mismo, se estima necesario revisar las asignaciones y mejorar la ejecución de los recursos para generación de ingresos de la población víctima. Entre 2022 y 2023 se presentó una reducción del 5 %, al pasar de $238.846 millones a $226.219 millones. Se resalta la baja ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de Prosperidad Social y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se ubicaron en un 33 % y 2 % respectivamente.

Educación superior

Para la Contraloría es necesario fortalecer el Fondo de Educación Superior para Víctimas con recursos de las entidades territoriales. El total de créditos solicitados entre 2018 y primer trimestre de 2023 fue de 105.269, con 7346 aprobados (7 %).

Se evidenció una baja asignación presupuestal y de cupos para los créditos condonables, especialmente en departamentos como Amazonas, Guainía, San Andrés, Boyacá, Caquetá, Guaviare y Vichada.