Datos históricos y proyecciones del mercado energético sugieren que la industria venezolana enfrentaría una reapertura parcial, marcada por altos riesgos geopolíticos y retornos concentrados. La ausencia de reformas regulatorias profundas, sumada al deterioro acumulado de PDVSA, limitaría cualquier expansión acelerada, incluso bajo un nuevo escenario político y con apoyo internacional selectivo.
La transición política en Venezuela puesta en marcha por el gobierno Trump tras la captura de Nicolás Maduro no implicaría una recuperación inmediata ni plena de su industria petrolera, sino un proceso gradual, selectivo y fuertemente condicionado por Estados Unidos. Así lo plantea un análisis del sector energético compartido por el economista Sergio Cabrales, basado en un reporte de la firma Welligence, que advierte que el país apenas podría estabilizar su producción entre 800.000 y 900.000 barriles diarios en el corto plazo.
Según Cabrales, el escenario post-Maduro estaría marcado por una transición incierta, con el poder concentrado en un núcleo reducido y con una influencia decisiva de Washington sobre las decisiones energéticas. En ese contexto, señaló que “la producción petrolera tendería a estabilizarse entre 800.000 y 900.000 barriles por día (bpd), liderada por Chevron y por pocos actores operando bajo licencias de la OFAC”, lejos aún de los niveles históricos previos al colapso del sector.
Los datos históricos respaldan esa cautela. Venezuela pasó de producir más de tres millones de barriles diarios a finales del siglo XX a menos de un millón en la última década, tras años de deterioro operativo, sanciones, pérdida de capital humano y desinversión. Para Cabrales, la recuperación inicial no sería homogénea ni estructural: “la recuperación sería selectiva y pragmática, enfocada en campos maduros del occidente (Maracaibo) y oriente del país, más que en la Faja del Orinoco”, que seguiría rezagada por sus altos costos y riesgos.
El análisis subraya que superar el umbral de 1,5 millones de bpd requeriría cambios profundos que hoy no existen. “Superar ese nivel exigirá reformas profundas en los marcos legal, fiscal y de seguridad, hoy inexistentes”, advirtió Cabrales, al destacar que el problema venezolano no es solo político, sino estructural.
En este proceso, el valor económico de una eventual reapertura estaría concentrado en pocas compañías con exposición previa a reservas venezolanas y capacidad de operar bajo esquemas de excepción. “El mayor valor será capturado por los primeros en entrar o reingresar, dispuestos a asumir un alto riesgo geopolítico a cambio de mayores retornos esperados”, señaló el economista.
Más allá del crudo, el gas natural emerge como una variable estratégica. Cabrales indicó que “proyectos offshore y transfronterizos como Dragon y Cocuina–Manakin podrían reactivarse bajo mediación de EE. UU., con impactos relevantes para Trinidad y Tobago”, y añadió que un aumento en la producción del campo Perla (Cardón IV) podría incluso “abastecer exportaciones hacia Colombia”.
En conjunto, el análisis sugiere que un cambio político en Caracas no equivaldría a una normalización automática del sector energético. Para los mercados regionales, Venezuela post-Maduro sería, en el mejor de los casos, un proveedor parcialmente reinsertado, bajo reglas externas y con una recuperación más lenta de lo que anticipan los discursos políticos.
