Dirigentes de distintos sectores políticos cuestionaron la inscripción del comité promotor de una asamblea constituyente y advirtieron riesgos para la democracia y la estabilidad institucional.
La inscripción del comité promotor de una asamblea nacional constituyente, realizada con el respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro, desató una ola de reacciones en el escenario político colombiano, principalmente desde sectores de oposición, que expresaron su rechazo a la iniciativa a través de redes sociales.
Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien calificó la propuesta como una maniobra con fines electorales. Según Uribe, la intención de modificar la Constitución responde a un cálculo político del actual gobierno y recordó que la Carta Política de 1991 fue impulsada, en su momento, por sectores que hoy hacen parte del poder.
En la misma línea, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que la Constitución de 1991 debe ser defendida frente a lo que considera un intento de imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder. La congresista afirmó que la democracia se sustenta en el respeto a las reglas institucionales y cuestionó el rumbo de varias reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Valencia también advirtió que el gobierno buscaría ampliar el control estatal sobre sectores estratégicos como la banca y la minería, tras los cambios promovidos en salud y pensiones, y llamó a proteger las libertades consagradas en la Carta Magna.
Por su parte, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella sostuvo que, aunque la constituyente se presenta como una iniciativa ciudadana, en la práctica sería una herramienta del gobierno para mantener su proyecto político. A su juicio, la propuesta carecería de sustento legal y representaría un riesgo para el orden democrático.
Desde otros sectores, la senadora Angélica Lozano citó el caso de Chile como un ejemplo de los riesgos de intentar reemplazar la Constitución, y defendió la vigencia de la Carta de 1991. Una postura similar expresó Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional, quien advirtió que la iniciativa podría facilitar la permanencia del gobierno en el poder y lanzó alertas sobre posibles afectaciones al sistema democrático.
Pese a las críticas, el comité promotor fue inscrito este viernes con el acompañamiento del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lo que incrementó la controversia política alrededor de la propuesta y abrió un nuevo frente de debate sobre el futuro institucional del país.
