Las naciones firmantes exigen una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y la implementación de medidas cautelares internacionales.
En un contexto de creciente preocupación por la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa Venezuela, 14 países del continente americano emitieron una declaración conjunta en la que expresan su firme rechazo a la investidura presidencial de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 10 de enero de 2025. Este acto, según los firmantes, carece de legitimidad democrática y está marcado por la falta de pruebas verificables que respalden su integridad electoral.
La declaración, suscrita por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, subraya la persistente violación de los derechos humanos y la erosión de los principios democráticos en Venezuela. Los firmantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para que continúe apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la grave crisis multidimensional que afecta al país suramericano.
Entre los puntos clave de la declaración, se destaca la exigencia de una transición pacífica hacia el orden democrático en Venezuela. Los países firmantes demandan que el régimen de Nicolás Maduro respete la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las cuales, según los firmantes, no fueron reconocidas debido a irregularidades en el proceso electoral. También instan a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidas las figuras políticas y los ciudadanos extranjeros, así como el respeto pleno de los derechos fundamentales de todos los venezolanos.
En su declaración, los países rechazan la falta de respeto de Venezuela hacia los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, y destacan la necesidad urgente de cesar las represalias contra quienes ejercen sus derechos civiles y políticos. Además, exigen que Venezuela cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y respeten los principios fundamentales del derecho internacional, especialmente en lo que respecta a las relaciones diplomáticas y consulares.
Otro punto importante de la declaración es la solidaridad con los millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país debido a la crisis. Los países firmantes reconocen los esfuerzos realizados por las naciones receptoras de migrantes y refugiados venezolanos, reafirmando su compromiso con el respeto a los derechos humanos de estos desplazados.
Finalmente, los países firmantes expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano y reiteraron su compromiso con la lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos en el país. La declaración conjunta subraya la necesidad de un esfuerzo colectivo para asegurar una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana, que continúa afectando gravemente a millones de personas tanto dentro como fuera de sus fronteras.