El decreto firmado por el presidente y todo su gabinete, contiene un artículo que elimina la verificación del historial de Libertad y Tradición. Algunos congresistas declararon su recia oposición, mientras que analistas le auguran poco éxito en un análisis de la Corte Constitucional.
Como se esperaba, el Gobierno Nacional inició la expedición de los decretos que desarrollan el estado de conmoción interior declarado en el Catatumbo. Varios de estos documentos han empezado a generar controversias en un amplio sector de la opinión y la cosa pública.
Luego de que se anunciara la creación de tres nuevos impuestos con la intención de recaudar un billón de pesos en 90 días, el Ejecutivo dio a conocer otra serie de iniciativas encaminadas a conjurar la crisis en los municipios que se encuentran en la zona.
El más polémico de estos nuevos decretos, está relacionado con la habilitación que tendrían las entidades estatales con competencia en asuntos de tierra y restitución, para acceder a bienes que consideren de interés y propicios para los fines de la iniciativa.
Esta facultad, está contenida en el artículo cuarto del Decreto 1O8 de 2025 y es del siguiente tenor: “autorizar la expropiación por vía administrativa en los términos del capítulo VII de la Ley 1523 de 2012 para concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario para garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes, en el marco de la grave perturbación del orden público”.
Igualmente, la normativa firmada por el presidente Petro y gabinete en pleno, elimina los procesos de verificación de la libertad y tradición de los inmuebles, haciendo más expedito el procedimiento.
“La adquisición de inmuebles y mejoras requeridos para conjurar la emergencia declarada gozará, en favor de la entidad pública, del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición”, establece el artículo quinto del mencionado decreto.
“Es una conmoción creadora de pánico”
Tras hacerse público el decreto, un amplio sector de la opinión y la cosa pública se mostró en desacuerdo con la medida que, de cierta medida, elimina los principios en los que se funda la propiedad privada.
Uno de los primeras en pronunciarse, fue el expresidente Álvaro Uribe, quien dejó ver/ su preocupación por esta iniciativa del Gobierno Nacional que, según él, ahonda la* desconfianza de los inversores en la seguridad jurídica.
“Esta conmoción del presidente Petro que tendría razón para proteger la ciudadanía, es una conmoción creadora de pánico entre los ciudadanos. Pánico porque crean nuevos impuestos; en este país faltan recursos por exceso de gasto público, por derroche. Faltan recursos porque la ciudadanía ha dejado de invertir por temor, por los altísimos impuestos. ¡Aquí faltan recursos por culpa del gobierno!”, dijo Uribe en un video colgado en sus redes sociales.
Otra de las que opinó sobre el particular, fue la líder de la oposición y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, quien centró su crítica en los intentos fallidos del gobierno por establecer un régimen que le facilite la apropiación de predios privados.
“El decreto que acaba de expedir el gobierno comunista de Gustavo Petro, violando la propiedad privada y estableciendo la expropiación exprés es abiertamente inconstitucional. La marrullería de siempre, utilizando el decreto de conmoción interior, pues no, no lo lograron en el Plan de Desarrollo ni en la Jurisdicción Agraria. La propiedad privada es un derecho del individuo y no vamos a permitir que Petro se robe la propiedad de los colombianos”, afirmó Cabal.
José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Hacienda y Crédito Público, tiene una opinión similar a la de Cabal y le augura poco éxito en un examen detallado en la Corte Constitucional.
“¡Expropiación exprés por vía de decretos! ¡Hágame el favor! ¿Qué tiene que ver eso con la conmoción? Ojalá dure lo que dura un dulce en un jardín infantil, en el trámite de declaratoria de inexequibilidad en la Corte Constitucional”, escribió Restrepo en su cuenta en X.
Finalmente, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, dejó ver su indignación por la insistencia del gobierno Petro en un tema abiertamente ilegal y que desprovee a los propietarios de herramientas jurídicas de defensa.
“La expropiación es un atropello contra la propiedad privada. Eliminan el debido proceso, anulan el control judicial y dejan a los ciudadanos sin ninguna defensa. Han intentado en el Plan de desarrollo, con la reforma y como no respetan la democracia, ahora lo quieren meter a la fuerza”, puntualizó Miranda.
