Altas cortes y Fiscalía recuerdan que las decisiones judiciales deben respetarse y que las controversias deben resolverse dentro del marco institucional, en medio del debate por la suspensión del aumento del salario mínimo.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Colombia exhortó este martes a respetar las decisiones de los jueces y a canalizar cualquier desacuerdo mediante los mecanismos previstos por la Constitución y la ley. El pronunciamiento se produce en un contexto de tensiones entre el gobierno y la justicia tras el reciente fallo que suspendió el incremento del salario mínimo.
En un comunicado, la Comisión subrayó que los fallos judiciales son producto de procedimientos sujetos a reglas procesales, garantías fundamentales y a los principios de independencia y autonomía de la justicia, considerados pilares del Estado Social y Democrático de Derecho.
El mensaje se conoció luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmara el lunes que el gobierno mantendrá el aumento del 23,7 % del salario mínimo mediante un decreto transitorio, pese a la decisión del Consejo de Estado de suspender el acto administrativo que establecía ese incremento.
Aunque el comunicado no menciona casos concretos, su publicación coincide con la suspensión provisional del decreto que fijaba el salario mínimo de 2026 en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, y con la orden de expedir una norma temporal mientras se adopta una decisión definitiva.
La Comisión, integrada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, representantes de los servidores judiciales y la Fiscalía General de la Nación, insistió en que las discrepancias derivadas de decisiones judiciales deben resolverse mediante los recursos y procedimientos contemplados en el ordenamiento jurídico.
Asimismo, reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución, la legalidad, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos ciudadanos.
