Por: Bernardo Henao
El presidente Petro trinó «Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz» y, agregó, “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad»; irónicos, por decir lo menos, resultan los motivos que expresa para efectuar ese nombramiento, pues, la realidad que hoy se vive en Colombia deja ver que no hay proceso por concluir, y que la tan pretendida paz cada vez es más esquiva, porque la violencia, la inseguridad, la agudización de la criminalidad, el aumento de conflictos de toda índole en el territorio nacional son fenómenos que ponen en evidencia la sinrazón de sus manifestaciones. Lo único cierto es que el país se está perdiendo.
Y si bien resulta cierto que “aún no se sabe toda la verdad”, también lo es que ello obedece a la falta de voluntad de los actores ilegales que reciben los beneficios y ni siquiera satisfacen la exigencia de narrar la verdad, por eso a estas alturas, por ejemplo, no conoce el país cuál fue el verdadero contexto de la macabra toma del Palacio de Justicia. ¿Será que se está mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?
Situación que también resulta aplicable a Mancuso, ya que a raíz del otrora proceso de paz con las autodefensas se promulgó la Ley de Justicia y Paz, cuyo componente más novedoso consistió en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, luego si este personaje concurrió ante la jurisdicción obvio resulta considerar que mínimo declaró la verdad, por manera que si en esa oportunidad no actuó en ese sentido, cómo creer que ahora sí lo va a hacer. Por ventura será que en su reclusión “recordó” los hechos delictivos en que incurrió su organización? Viene bien la cita de Edmond Locard “El tiempo que pasa es la verdad que huye”.
Entonces, puede vaticinarse que el regreso de Mancuso marca el comienzo de un macabro show con un libreto predeterminado. Es bastante extraño que de buenas a primeras se hayan disipado los temores que expresó el año pasado desde los Estados Unidos. Insistía en que no podía regresar a Colombia porque su vida correría peligro, por lo que pedía ser deportado a Italia.
Cabe recordar que su extradición a los Estados Unidos, en compañía de otros comandantes que se encontraban en Ralito, Antioquia, tuvo lugar porque seguían delinquiendo y se aprestaban a fugarse. El Tribunal de Justicia y Paz lo condenó.
Su prontuario es aterrador, todo lo cual unido a su vinculación al narcotráfico, inhabilita a Salvatore Mancuso para ser gestor de paz.
No obstante ya lo es por decisión de Petro, quien así lo designó mediante Resolución 244 de agosto 14 de 2023, y nos quiere hacer creer que no midió la magnitud de la ofensa que hace a los colombianos con semejante nombramiento. En realidad, todo hace pensar que se trata de una agenda oculta en la que será importante el desempeño de este avezado criminal, máxime que en la Resolución no se concreta la labor que ejercerá como gestor de paz ni los grupos ilegales con los cuales interactuará.
Además, la JEP sorprendentemente aceptó de manera excepcional el sometimiento de Mancuso, sólo que para hacerlo lo tuvo como sujeto incorporado a la fuerza pública y así lo registró en la resolución 3804 del 17 de noviembre de 2023, situación contraria al despacho negativo de más de 1700 solicitudes de exparamilitares. Los rechazos más recientes fueron el de Juan Guillermo Monsalve, en diciembre de 2018; Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, en mayo de 2023; Álvaro García Romero, conocido como el ‘Gordo García’, en marzo de 2022; y Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño Gil, en junio de 2023.
Contradictoria la actuación de la JEP, más aún cuando lo admitió bajo condiciones y por un tiempo determinado. Al parecer no se tuvieron en cuenta los reparos de la magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia, a quien desde el exterior Mancuso le dirigió varios ataques, los que Justicia y Paz consideró «intimidantes”.
En esta ocasión, para cualquier observador desprevenido, quedó plasmada la teoría de la bisagra. Esto constituye un verdadero agravio a la justicia, pues, Mancuso ya se había acogido y sometido a Justicia y Paz. Esto significa, lógicamente, que Mancuso ya no podía ingresar a ninguna otra jurisdicción.
No obstante esas limitaciones y después de un amplísimo análisis que pareciera se escribe así para que la gente se agobie y no lo lea, la JEP, para aceptarlo, creó y sustentó la figura del Rol bisagra, que consiste en que: «El papel del paramilitar como bisagra o punto de contacto indica que no solo colaboró ocasionalmente con la Fuerza Pública, sino que desempeñó un papel crucial en la coordinación y comunicación entre la organización ilegal y el cuerpo estatal para integrar efectivamente el grupo armado en actividades ilegales al servicio del Estado”.
Espectacular y novedoso este invento para abrirle de par en par la puerta de acceso, cuando éste le había sido negado en considerables oportunidades. Tal vez esa decisión forma parte del armazón que se viene construyendo con objetivos ocultos.
Eso sí, el gobierno y sus áulicos desean que Mancuso declare cuanto antes. La realidad es que ya lo ha hecho tanto en Colombia como en el exterior.
Durante reciente diligencia cuestionada y aún invalidada por Justicia y Paz declaró ante la Jep en los Estados Unidos por espacio de tres días.
No respaldó probatoriamente sus afirmaciones por lo que le dieron 10 días para que allegara las pruebas pertinentes. Que se sepa nunca lo hizo.
El compromiso de Mancuso no es con Petro sino con la Justicia y la Verdad. No con una agenda soterrada que seguramente la ejecutará en buena parte por motivos electorales y no propiamente por razones humanitarias. Poco se le verá en la JEP o atendiendo sus procesos penales vigentes.
Ayer, pese a ser irrespetuoso Mancuso interrumpiendo, en dos ocasiones, a la Juez de Ejecución de Penas de Justicia y Paz, se apreció que pese a las que parecieran ser orquestadas intervenciones de algunos apoderados de víctimas en busca de la libertad del postulado, la intervención juiciosa y bien sustentada del Ministerio Público, los dejó sin argumentos y enfatizó que procesos de desarme no requieren de la autorización de movilidad del juzgado de penas. Excelente intervención digna de escucharse. Se levantó la sesión para reanudarse el 4 de marzo cuando se decidirá lo que en derecho corresponda. Cuanta diferencia entre el proceder de Justicia y Paz y las actuaciones de la JEP.
