Durante una larga rueda de prensa, el mandatario capitalino expuso los muchos problemas a los que se vería avocada la ciudad de Bogotá si el Gobierno Nacional expide la resolución publicitada por Susana Muhamad. Señaló que la publicación de la normativa en la página web para comentarios es un trámite no vinculante.
El pasado lunes (3 de marzo de 2025) el Ministerio de Medio ambiente colgó en su página web un proyecto de resolución que busca establecer los lineamientos que regularán el marco general para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
La normatividad que puede ser comentada hasta el próximo 14 de marzo, consta de siete componentes y, desde la perspectiva del actual gobierno, fue diseñada para “garantizar su integridad ecológica, guiar su adaptación al cambio climático y procurar el ordenamiento alrededor del agua”.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicó un video en sus redes sociales dando detalles sobre el contenido y objetivo de la iniciativa, que, según ella, está revestida de legalidad.
“Esta resolución es producto de la necesidad de reglamentar el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, para que podamos transitar hacia una Sabana donde su desarrollo territorial se armonice con los espacios del ciclo del agua, y donde seamos menos vulnerables al cambio climático”, comentó Muhamad.
Alcalde de Bogotá advierte consecuencia de la Resolución
Uno de los primero en reaccionar, fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien desde la aparición del documento ha emitido duros cuestionamientos.
“Esto no es ninguna consulta sino una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial que podría constituir un fraude judicial”, señaló el mandatario capitalino en su cuenta en X.
La mañana de este miércoles (5 de marzo de 2025), Galán dio una rueda de prensa donde amplió su inconformismo con la resolución, insinuando que el gobierno actuó de espaldas a los interesados y posibles afectados con los efectos de la norma.
Según el alcalde, quien apareció acompañado de su gabinete en pleno, antes de la publicación en la página web y el video de la saliente ministra Susana Muhamad, “la ciudadanía no estaba enterada de esto y el Gobierno, según el Acuerdo de Escazú, tenía la obligación de ser transparente y de consultar a la gente para poder construir ese proyecto y ahí no hubo participación efectiva ni concertación”.
Durante su intervención, Galán fue enfático al señalar que las disposiciones que pretende poner en marcha el gobierno tienen serias implicaciones negativas para un número importante de personas que habitan las zonas afectadas por la resolución.
“Muchas de estas viviendas que recibieron subsidios del distrito y no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores, en el gobierno de Gustavo Petro recibieron subsidio para la vivienda en predios que ahora quedan en humedales, […] estamos hablando de más de 115.000 niños, por ejemplo, que viven en estas zonas, estamos hablando de 26.000 adultos mayores”, precisó el alcalde.
Ahondando en esta problemática que también afectaría a más de 20.000 establecimientos de comercio, puso de presente la magnitud del fenómeno social al que se vería enfrentado la ciudad.
“Barrios de Bogotá si es expedida la resolución quedarían considerado como área de humedal e incorporados a la estructura ecológica principal de Bogotá. Estamos hablando de 138 barrios de Bogotá, barrios legalizados donde vive gente. Hoy día, cerca de 600.000 personas se verían afectadas”, dijo Galán en uno de los apartes de su intervención ante medios de comunicación.
Galán solicita trabajar de manera articulada
Yendo más en detalle, el mandatario enumero los 15 megaproyectos de infraestructura que podrían quedar en una suerte de limbo jurídico por cuenta de las nuevas disposiciones, totalmente contrarias a las que les dieron vía libre en el pasado, deteniendo el desarrollo de la ciudad.
“Yo sí creo que la incertidumbre que genera este proyecto de resolución, la falta de claridad y la afectación potencial a proyectos estratégicos de Bogotá y a muchos habitantes de Bogotá, directamente por sus casas, es una demostración de que esto no se construyó como dice la ley: de manera coordinada con las autoridades locales”, aseguró.
Finalmente, y a pesar de las duras declaraciones, insistió en la necesidad de encontrar espacios de diálogo constructivo que permitan avanzar en soluciones conjuntas.
«Seguimos dispuestos a trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional en beneficio de los bogotanos, pero esto no puede significar el desconocimiento de la autonomía territorial ni generar situaciones que paralicen el desarrollo de la ciudad», concluyó Carlos Fernando Galán.
