Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, deberán rendir versión libre dentro del proceso disciplinario por el contrato con Covington & Burling, señalado de incluir presuntas interceptaciones a funcionarios de la petrolera.
La Procuraduría General de la Nación amplió el número de investigados en el caso del polémico contrato que habría firmado Ecopetrol con la firma estadounidense Covington & Burling. El órgano de control vinculó a los directivos Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, quienes deberán rendir versión libre y voluntaria en el marco del proceso disciplinario.
Ambos fueron mencionados en el testimonio del director corporativo de Cumplimiento, Alberto José Vergara Monterrosa, ya vinculado al expediente junto con Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información, y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la gerencia de abastecimiento.
El contrato CW207382 de 2024, suscrito el 29 de agosto de ese año y modificado el 31 de diciembre, se firmó inicialmente para evaluar el impacto de investigaciones contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa. Sin embargo, versiones dentro del proceso señalan que el objeto contractual habría cambiado para permitir la inspección de comunicaciones internas, lo que habría derivado en interceptaciones a más de 70 trabajadores.
El escándalo se agudizó luego de que se revelara que el contrato, que comenzó en 875.000 dólares, terminó costando más de 5,8 millones. Aunque Roa aseguró no tener conocimiento del acuerdo, la Procuraduría abrió también un proceso disciplinario en su contra.
Las indagaciones buscan establecer las responsabilidades en la planeación, firma y ejecución de un convenio que mantiene bajo la lupa a la estatal petrolera y a varios de sus más altos funcionarios.
