Informaron desde la entidad, que se requirió al Ministerio de Educación y a la institución para cumplir de inmediato el fallo y advirtió riesgos disciplinarios por actuaciones sin competencia. También recordó que las elecciones internas no pueden reabrirse ni modificarse una vez concluido el trámite.
La Procuraduría General de la Nación anunció este viernes que realizará un acompañamiento preventivo y permanente al proceso de transición institucional en la Universidad Nacional de Colombia, tras el fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección del rector. El pronunciamiento se produce un día después de que la Sección Quinta concluyera que el Consejo Superior desbordó sus competencias durante el trámite.
Según el comunicado, la Procuraduría envió requerimientos formales tanto a la Universidad Nacional como al Ministerio de Educación para garantizar el cumplimiento inmediato y transparente de las órdenes de la alta corte. La entidad insistió en que la sentencia tiene efectos directos y que no admite interpretaciones que retrasen su ejecución.
Una de las advertencias centrales es la existencia de riesgos disciplinarios derivados de las actuaciones del Consejo Superior, señaladas por el Consejo de Estado como violatorias del debido proceso y del marco normativo. “El fallo determinó que el órgano elector excedió sus funciones, desconoció límites previstos en el artículo 41 del CPACA y afectó la presunción de legalidad del proceso previo. Tales conclusiones configuran un riesgo disciplinario verificable que no puede ser pasado por alto”, señaló la Procuraduría.
El organismo de control indicó que hará seguimiento “técnico y permanente” al restablecimiento de la legalidad y a los actos administrativos que la Universidad adopte en los próximos días. Esto incluye la verificación de medidas correctivas, la supervisión de eventuales procesos electorales y la evaluación de posibles responsabilidades individuales derivadas de decisiones adoptadas sin competencia.
Además, la Procuraduría dejó abierta la posibilidad de activar acciones de repetición si se determina que hubo perjuicios para el Estado por actuaciones contrarias al orden jurídico. “Serán revisadas las decisiones que hayan generado impactos institucionales o administrativos y, cuando corresponda, se analizará si existe responsabilidad que amerite acciones de repetición, a fin de salvaguardar los recursos públicos y el correcto funcionamiento institucional”, indicó la entidad.
El comunicado también incluye un mensaje dirigido a los órganos directivos de las Instituciones de Educación Superior del país, en el que la Procuraduría enfatiza que los procedimientos electorales deben respetarse estrictamente. “El fallo envía una señal inequívoca: las elecciones internas no pueden reabrirse, modificarse ni corregirse después de culminado el trámite. Cualquier intento de alterar la voluntad expresada por el elector constituye una actuación ilegal con consecuencias disciplinarias”, advirtió la Segunda Delegada.
La Procuraduría cerró su pronunciamiento reiterando que su intervención busca asegurar que la transición institucional se desarrolle sin nuevas irregularidades y bajo un cumplimiento estricto del fallo judicial, considerado uno de los más relevantes en materia de gobernanza universitaria en los últimos años.
