El organismo ordenó recaudar datos al Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía. La apertura no implica cargos ni responsabilidad.
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para revisar la información divulgada por varios medios sobre presuntos vínculos entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras de las disidencias de las FARC. La Sala Disciplinaria de Instrucción adoptó la medida luego de que se difundieran archivos atribuidos a alias “Calarcá”, en los que aparecen mencionados el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, del Ejército Nacional, y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.
El organismo aclaró que la apertura de la indagación no supone validar los contenidos publicados ni anticipar conclusiones, sino atender el deber legal de verificar hechos que, por su naturaleza, requieren una revisión institucional. La actuación se sustenta en el artículo 208 del Código General Disciplinario, que autoriza la recolección de información cuando existen menciones que podrían comprometer a servidores públicos.
Como primera medida, la Sala solicitó al Ejército Nacional remitir la hoja de vida del general Huertas Herrera, junto con detalles sobre sus funciones actuales y datos institucionales actualizados. A la Dirección Nacional de Inteligencia pidió certificar la situación administrativa de Wilmar Mejía, precisando cargos ocupados, periodos de vinculación y la forma en que ingresó a la entidad.
El auto también ordenó requerir al Ministerio de Defensa información sobre si existen investigaciones administrativas relacionadas con filtración de datos, comunicaciones irregulares o presuntas empresas privadas asociadas a estructuras ilegales.
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación deberá indicar si adelanta procesos relacionados con la incautación de información atribuida a alias «Calarcá» o con hechos mencionados en los informes periodísticos. Una vez recaudadas las respuestas, la Procuraduría evaluará si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal o si procede archivar la actuación preliminar.
