El ente de control determinó que las anomalías detectadas desde el diseño del proceso licitatorio limitaron la competencia y desvirtuaron por completo su propósito contractual. Una de las irregularidades más evidentes fue la manipulación de los estudios de mercado.
La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en primera instancia que sanciona a la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y al exgerente de Infraestructura del Distrito, Jonatan Nieto, por irregularidades en la licitación pública No. LP-GI-001-2020 que tenía por objeto la construcción de una cancha de fútbol en el corregimiento de Gaira.
El ente de control determinó que ambos incurrieron en una falta gravísima a título de culpa gravísima, lo que derivó en su inhabilidad para ejercer cargos públicos por ocho años. Este caso pone de relieve la importancia de respetar los principios de transparencia y selección objetiva en los procesos de contratación estatal, pilares fundamentales para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
Esta investigación tuvo su origen en una queja presentada en julio de 2020 por el Representante a la Cámara por el departamento del Magdalena, Hernando Guida Ponce, quien alertó sobre posibles omisiones y violaciones a las normas de contratación durante la emergencia sanitaria. Tras indagaciones preliminares y la apertura de una investigación disciplinaria en octubre de 2023, la Procuraduría formuló cargos contra Johnson y Nieto en mayo del año siguiente.
Aunque los investigados presentaron descargos y solicitaron pruebas, el proceso enfrentó dificultades por la falta de colaboración de algunos testigos y la imposibilidad de contactar a otros. No obstante, con estricto apego a las normas, el caso culminó con la presentación de alegatos en enero de 2025 y el fallo definitivo un mes después.
El núcleo de las irregularidades detectadas radica en la manipulación de los requisitos y condiciones de la licitación, que comprometieron su transparencia y competitividad. Según el análisis del Ministerio Público, los estudios de mercado, supervisados por Jonatan Nieto, fueron alterados sin justificación técnica o económica.
Por ejemplo, el índice de liquidez promedio, inicialmente establecido en 1.74, se redujo a 1.2 en los pliegos definitivos, una modificación que no fue explicada y que facilitó la participación de un proponente específico. El fallo señala que “los indicadores financieros y organizacionales no se determinaron de manera objetiva”, evidenciando una falta de rigor en la estructuración del proceso.
Otro aspecto crítico fue la adenda No. 1, firmada por Virna Johnson, que elevó el requisito de experiencia de los proponentes de cuatro a diez años sin sustento claro. Esta decisión, calificada como injustificada por la Procuraduría, restringió la pluralidad de oferentes y favoreció a B&P Construcciones S.A.S., que quedó como único proponente habilitado tras las modificaciones.
“No se siguieron las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente”, destaca el fallo, subrayando que estas omisiones contravienen las normas diseñadas para garantizar procesos abiertos y competitivos. La Procuraduría concluyó que estas actuaciones configuraron “una flagrante violación al principio de transparencia y el deber de selección objetiva”.
Las decisiones tomadas por Johnson y Nieto limitaron la competencia y desvirtuaron el propósito de la licitación, priorizando presuntamente intereses particulares sobre el bienestar público. El proceso, que debía promover la participación de múltiples oferentes calificados, se convirtió en un mecanismo sesgado que consolidó la adjudicación del contrato a una sola empresa, eliminando cualquier posibilidad de competencia real.
La sanción impuesta a Virna Johnson y Jonatan Nieto no solo responde a las irregularidades detectadas en la licitación LP-GI-001-2020, sino que también subraya las consecuencias de manipular procesos contractuales para restringir la competencia. Este fallo de la Procuraduría reafirma que las alteraciones injustificadas en estudios de mercado y requisitos habilitantes, como las evidenciadas en este caso en concreto, atentan contra la esencia de la contratación pública.
Finalmente, el Ministerio Público reafirma la idea de que al favorecer a B&P Construcciones S.A.S. en detrimento de la pluralidad de oferentes, los exfuncionarios comprometieron la legitimidad de un proceso que debía priorizar el interés colectivo. Mientras tanto, Virna Johnson anunció la interposición de los recursos legales a su disposición para revertir la decisión.
