El Ministerio Público reafirmó su postura institucional de que la justicia debe asegurar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, sin comprometer los derechos de las víctimas, menos si se trata de niños.
La Procuraduría reiteró su firme oposición a la propuesta de rebaja de penas en delitos sexuales, incluida en el Proyecto de Ley 281 de 2024, que actualmente se discute en el Congreso de la República.
Durante una audiencia pública sobre la reforma a la justicia, Christian Wolffhügel, procurador delegado ante la JEP, advirtió sobre las graves consecuencias que esta medida podría acarrear para la protección de las víctimas de violencia sexual y el funcionamiento efectivo del sistema penal. En su intervención, enfatizó que los problemas de dilación en los procesos penales deben abordarse mediante la implementación de medidas vigentes, y no a través de la reducción de penas para agresores de menores de edad.
Wolffhügel subrayó que una investigación sólida y adecuada de los delitos es esencial para garantizar justicia a las víctimas. Aseguró que la posibilidad de rebajar penas no acelerará los procesos judiciales ni evitará la presentación de recursos legales. En cambio, destacó que ya existen herramientas que permiten a los jueces agilizar los procedimientos y que el sistema de justicia contempla mecanismos como la «justicia premiada» a través de la aceptación de cargos, que ayuda a reducir el estigma de un juicio prolongado.
El procurador delegado también planteó que rebajar las penas podría interpretarse como una minimización de la gravedad de crímenes severos como el abuso sexual, afectando la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas. Además, cuestionó la efectividad de esta medida para mitigar la impunidad.
Finalmente, la Procuraduría reafirmó su postura institucional de que la justicia debe asegurar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, sin comprometer los derechos de las víctimas.
