La Procuraduría reconoce el valor y los aportes de los relatos de las víctimas, por eso, pide celeridad en el proceso de acreditación.
La Procuraduría General de la Nación le recordó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que es necesario agilizar el proceso de acreditación a las víctimas que estén interesadas en ingresar al sistema de reparación, a partir de criterios de buena fe y la credibilidad que suponen sus relatos, para que no haya obstáculos que tengan que ver con documentación o con pruebas, más allá, que puedan afectarlas definitivamente.
Jairo Acosta Aristizábal, procurador delegado ante la JEP, pidió a la magistratura que al momento de acreditar estas víctimas se tengan en cuenta las “(…) líneas jurisprudenciales que se han fijado por la sala de apelaciones, en cuanto a cargas mínimas y que se materialice el principio províctima”, ya que “(…) las víctimas no tienen por qué estar supeditadas a que se reconozca o identifique su agresor; a que se reconozca o se identifique explícitamente la facción que la agredió (…)».
Valor testimonial
El representante de la Procuraduría reconoció el valor y los aportes de los relatos de las víctimas y precisó que los agresores tienen que saber cuánto daño hicieron, los sufrimientos dejaron, y cuántas necesidades están pendientes.
“Más allá de las ejecuciones hemos hablado de desplazamientos, de secuestros, de torturas, de encubrimientos, de daños a bienes, de apoderamientos de bienes, de pánico, de terror”, indicó.
Y añadió que “esto es otro termómetro importante para poder medir la magnitud de lo sucedido y para comprometer, por supuesto, a todos los que estamos aquí, encabezados por la jurisdicción, en ir más allá”.
