El proceso disciplinario de la Procuraduría es contra Juan Felipe Acosta Parra, exdirector de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; la subdirectora, Katherin Lorena Mesa Mayorga, y Nancy Lucila Manotas Ortiz, representante legal de Corambiental.
Tres funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) serán investigados por la Procuraduría por posibles irregularidades durante la ejecución de un convenio destinado a desarrollar actividades de formación solidaria dirigidas a emprendedores incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora y crear organizaciones solidarias.
El exdirector de la Uariv, Juan Felipe Acosta Parra; la subdirectora general y supervisora del proyecto, Katherin Lorena Mesa Mayorga, y la representante legal de la Corporación Colombiana de Agricultura Urbana y Conservación del Ambiente (Corambiental) en el momento de los hechos, Nancy Lucila Manotas Ortiz, son los principales implicados en la investigación.
Según la Procuraduría, la indagación se basa en posibles sobrecostos detectados tanto en los productos como en los servicios contratados durante la etapa precontractual y la ejecución del convenio. Además, se señala que Corambiental podría haber incumplido con la obligación de contar con una cuenta bancaria desde el inicio de la ejecución del convenio.
Para esclarecer los hechos, la Procuraduría ha solicitado pruebas adicionales, incluyendo un dictamen pericial a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con el fin de determinar la existencia de los señalados sobrecostos y verificar desde qué fecha se generaron los rendimientos bancarios relacionados con el contrato.
Con esta investigación, el Ministerio Público busca confirmar o desestimar las posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos y determinar las responsabilidades de los involucrados.
