La medida disciplinaria también incluye a la gerente de la Imprenta Nacional y a la secretaria general (e) de la Cancillería. Se cuestiona la falta de estudios previos y actos administrativos en la contratación.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de pasaportes.
La decisión, tomada por la Sala de Instrucción Disciplinaria del Ministerio Público, también involucra a Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general encargada de la Cancillería.
Según la Procuraduría, el convenio, firmado el pasado 18 de julio a través del Fondo Rotatorio de la Cancillería, habría sido suscrito sin contar con los documentos y estudios previos exigidos por la normativa de contratación estatal, lo que representaría una posible violación a los principios de planeación y economía.
Además, el órgano de control advirtió que no existe claridad sobre el acto administrativo que delegó en la secretaria general (e) la competencia para celebrar el convenio interadministrativo, lo que plantea dudas sobre la legalidad del proceso.
En su pronunciamiento, la Procuraduría señaló que estas acciones podrían constituir una omisión del deber funcional de asegurar una contratación pública adecuada, basada en la transparencia, eficiencia y legalidad.
