El Ministerio Público solicitará la revocatoria directa de la decisión de suspender el trámite de la licencia para el proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera.
La Procuraduría anunció una serie de acciones decisivas para abordar la desarticulación entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tras una revisión crítica del trámite de licencia ambiental para la perforación del pozo Komodo-1, un proyecto de gas costa afuera de Ecopetrol.
La intervención se produce después de una mesa de trabajo convocada para examinar el procedimiento de licenciamiento para el pozo Komodo-1, el único proyecto de gas costa afuera en Colombia. La Procuraduría identificó unas deficiencias significativas en el proceso administrativo, especialmente en la convocatoria y funcionamiento del Comité Técnico Consultivo, el órgano asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que es responsable de evaluar y emitir recomendaciones sobre licencias ambientales para proyectos críticos.
Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, confirmó que tomará medidas directas para asegurar el cumplimiento de los procedimientos regulatorios. Guerrero solicitó la revocatoria inmediata de la decisión que suspendió el trámite de la licencia ambiental, con el objetivo de garantizar una resolución conforme a la normativa vigente y sin demoras adicionales.
“El proyecto Komodo representa una inversión social prevista de 7 mil millones de pesos, la cual se ha visto postergada,” señaló Guerrero. “Este aplazamiento compromete las metas para nuevos pozos exploratorios en Colombia, donde se habían planeado 40 pozos para 2024.”
El procurador también anunció la creación de una mesa de trabajo permanente que incluirá representantes de los sectores de minas y energía, ambiente, y otros, para mejorar la coordinación y gestión entre los sectores involucrados. Esta iniciativa busca facilitar el diálogo y la cooperación necesarios para resolver las disfunciones en el proceso de licenciamiento, siguiendo un modelo similar al ya establecido en el sector energético.
Guerrero recordó que Ecopetrol, socio con un 40 % de participación en el proyecto, ya ha invertido 35 millones de dólares en las actividades preparatorias, una suma que representa una inversión significativa del Estado y del patrimonio de los colombianos. La intervención de la Procuraduría busca proteger esta inversión y asegurar que el proyecto pueda avanzar de manera efectiva y conforme a las regulaciones ambientales.
La acción de la Procuraduría recalca la importancia de una coordinación efectiva entre las entidades gubernamentales para asegurar que los proyectos de desarrollo energético no solo cumplan con las regulaciones ambientales, sino que también contribuyan al desarrollo económico sostenible del país.
