El exsecretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, fue inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos por presuntamente presionar a empleados del Distrito a aportar parte de su salario a una corporación ligada al movimiento político del exalcalde Daniel Quintero. Otros dos exfuncionarios también recibieron sanciones.
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría sancionó con 14 años de inhabilidad al exsecretario de Gobierno e Inclusión Social de Medellín, Juan Pablo Ramírez, por su presunta participación en la coacción a funcionarios públicos para financiar una corporación vinculada al proyecto político del exalcalde Daniel Quintero.
Según el organismo de control, Ramírez habría promovido la entrega de aportes económicos por parte de empleados de la Alcaldía a la Corporación El futuro se parece a nosotros, vinculada al movimiento político Independientes. La Procuraduría aseguró que estos hechos constituyen una grave infracción a los deberes funcionales del exfuncionario.
Los hechos investigados ocurrieron durante una reunión el 8 de agosto de 2021, en la residencia del exsubsecretario de Suministros y Servicios, Fredy Alonso Agudelo, también sancionado con 12 años de inhabilidad, al igual que el exsubsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín. La reunión, que inicialmente se presentó como una celebración institucional, fue utilizada para promocionar la corporación política y solicitar aportes económicos a los asistentes, cuyas sumas habrían oscilado entre 300 mil y un millón de pesos como “membresía”.
Durante el encuentro, incluso se habrían recogido los teléfonos celulares de los funcionarios asistentes, en un aparente intento por evitar registros del evento. La Procuraduría demostró que varios empleados realizaron efectivamente los pagos solicitados.
Uno de los casos más delicados fue el del funcionario Juan Daniel Pulgarín, quien, al día siguiente de la reunión, habría exigido a la trabajadora María del Pilar Rodríguez el pago de un aporte de 800 mil pesos. Esta situación la llevó a presentar su renuncia, al no estar de acuerdo con la exigencia.
El fallo también solicitó a la Fiscalía abrir una investigación contra Melissa Peláez, representante legal de la corporación mencionada, por presunto falso testimonio. Peláez habría intentado negar su participación en la reunión bajo juramento, lo que podría haber interferido en el proceso disciplinario.
Este caso pone nuevamente bajo escrutinio las prácticas políticoadministrativas de la anterior administración municipal de Medellín, bajo la batuta de Daniel Quintero Calle, y deja abierta la puerta a eventuales investigaciones penales.
