La crisis financiera en el Icetex llamó la atención de la Procuraduría que exigió explicaciones al gobierno nacional.
La Procuraduría solicitó formalmente a los ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) información detallada sobre la asignación, programación y desembolso de los recursos destinados a la financiación de créditos educativos para el segundo semestre de 2024 y el año 2025. Esta solicitud surge a raíz de la alerta emitida por Icetex, que advirtió sobre la insuficiencia de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, lo que está afectando las renovaciones de créditos y las matrículas de educación superior de miles de estudiantes.
Requerimientos a las entidades
La Procuraduría exigió al Ministerio de Hacienda que informe sobre el monto total del presupuesto asignado al sector educativo para 2024, así como un desglose mensual de los desembolsos realizados y las transferencias pendientes. Además, deberá presentar la programación presupuestal para 2025, especificando los recursos destinados a Icetex para la renovación de créditos educativos y nuevas matrículas.
En cuanto al Ministerio de Educación, el ente de control solicitó una explicación sobre la priorización de los recursos para diciembre de 2024 y el primer semestre de 2025 en relación con Icetex. También requirió información sobre el monto total del presupuesto asignado al Icetex para 2024, los recursos ya transferidos y los pendientes, así como el desglose del presupuesto educativo programado para 2025.
Al Icetex se le pidió un reporte detallado sobre los recursos programados para 2024, tanto para renovaciones de créditos como para matrículas, incluyendo los desembolsos realizados mes a mes y los recursos pendientes de entrega a las instituciones educativas. Además, debe explicar las causas de cualquier retraso y evaluar el impacto que estas demoras puedan tener en los estudiantes y universidades.
Impacto en la educación
La Procuraduría enfatizó que cualquier retraso en la asignación de los recursos compromete el derecho a la educación de miles de jóvenes colombianos y afecta el desarrollo del país. El retraso en el cumplimiento de los compromisos con los estudiantes y las universidades pone en riesgo la estabilidad y el acceso a la educación superior en el país.
Las entidades solicitadas deberán remitir la información requerida a más tardar el 25 de noviembre de 2024, con el fin de clarificar la situación y evitar mayores perjuicios a los estudiantes y el sector educativo.
