El Ministerio Público se opuso a la nulidad parcial en el caso de violencia sexual en Nariño que fue solicitada por varios excomandantes de las FARC a pesar de las serias evidencias.
La Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la petición de nulidad parcial presentada por la defensa de algunos comparecientes en el macrocaso 002, que investiga situaciones de violencia sexual y de género cometidas por las FARC en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, Nariño. Esta solicitud se centra en la violencia sufrida por mujeres, niñas y personas de la comunidad lgbti.
El Ministerio Público argumentó que la JEP ha demostrado la ocurrencia de las conductas imputadas, identificando las circunstancias de victimización de pueblos étnicos y el control territorial ejercido a gran escala. Además, se ha reconocido el amplio número de víctimas y la duración de estos hechos, así como la identidad de las comunidades étnicas afectadas y su territorio.
La Procuraduría enfatiza que es fundamental rechazar la nulidad para evitar omisiones graves en la obligación del Estado de investigar estas violaciones. También hizo hincapié en la necesidad de que las decisiones judiciales se alineen con los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos, protegiendo especialmente a las mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Finalmente, la Procuraduría subrayó que el derecho de defensa de los comparecientes no debe chocar con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Hizo un llamado a que las decisiones judiciales se tomen con pleno respeto hacia las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización y asegurando su acceso adecuado a la justicia.
Quieren impunidad
A pesar de la amplia documentación sobre la violencia sexual perpetrada por las extintas estructuras de las FARC contra mujeres, niñas, hombres y la población lgbti, varios exjefes guerrilleros en Nariño decidieron desconocer las imputaciones realizadas por la JEP por estos delitos.
Entre los excomandantes más visibles se encuentra Pablo Catatumbo, actual senador de la República, y Edgar López Gómez, conocido como ‘Pacho Chino’, uno de los líderes más recordados en el suroccidente del país. De manera reservada, solicitaron a la JEP anular la imputación de crímenes sexuales, a pesar de los desgarradores testimonios y la evidencia recabada por la Fiscalía, la JEP y organizaciones de víctimas.
En su solicitud, los excomandantes argumentan que sus derechos han sido vulnerados, alegando que la temática de violencia sexual no se incluyó desde el inicio de la investigación en Nariño, sino que fue añadida posteriormente de manera unilateral. Además, criticaron el trabajo de la magistrada Belkis Izquierdo y su equipo, acusándolos de actuar con “sesgos” y formular “preguntas sugestivas” durante el proceso.
En un documento presentado, expresaron su descontento por lo que consideran un manejo inadecuado de la investigación, señalando que las preguntas planteadas eran “coercitivas, impertinentes, tergiversadoras y especulativas”, lo que, según ellos, compromete gravemente los principios de imparcialidad y legalidad.
