La falta de competencias de los delegados que realizaron la inspección y la posible vulneración de derechos han generado preocupación y podrían derivar en sanciones disciplinarias contra la Superintendencia de Industria y Comercio.
La Procuraduría encontró diversas irregularidades en la inspección que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó a la sede de Naturgas en medio de la controversia por el aumento del precio del gas en el país. Según el ente de control, los delegados de la SIC que llevaron a cabo la inspección eran contratistas por prestación de servicios, lo que les impediría legalmente realizar este tipo de procedimientos.
Según fuentes del proceso, los contratistas de la SIC habrían decomisado datos del teléfono personal de la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas. En particular, se habrían revisado conversaciones privadas de su círculo familiar con el fin de encontrar interacciones con congresistas relacionadas con el aumento del precio del gas en Colombia.
Esta acción podría representar una violación de derechos fundamentales, al tratarse de información privada sin un respaldo legal claro para su obtención.
Dudas sobre la legalidad del proceso
Otra de las presuntas irregularidades detectadas por la Procuraduría es que la Superintendencia de Servicios Públicos estaría actuando dentro de una averiguación preliminar. Esto implica que no existiría un documento oficial o auto de apertura del proceso, lo que podría invalidar las acciones emprendidas.
Además, se cuestiona la legalidad de los interrogatorios realizados a los trabajadores de Naturgas. La ley establece que solo funcionarios con funciones jurisdiccionales o jueces pueden llevar a cabo este tipo de diligencias, lo que no se cumpliría en este caso al tratarse de contratistas.
Posible investigación
Las inconsistencias en la inspección habrían sido cometidas bajo la dirección de Ingrid Soraya Ortíz, delegada para la Protección de la Competencia, quien habría seguido instrucciones de la superintendente Cielo Rusinque.
Los funcionarios de la Procuraduría se encuentran evaluando si abrirán una investigación disciplinaria contra los contratistas, delegados y directivos de la SIC involucrados en estas actuaciones presuntamente irregulares. Además, no se descarta que estas inconsistencias también se hayan presentado en otras inspecciones recientes realizadas por la SIC al sector gasífero, como las ocho visitas simultáneas llevadas a cabo el pasado 14 de febrero.
