Durante una visita de inspección, la Procuraduría halló deficiencias en la planeación y sustentación técnica del acuerdo con Portugal para la producción de pasaportes. Las fallas podrían comprometer la legalidad del proceso y afectar la prestación del servicio a los ciudadanos.
La Procuraduría encendió las alarmas tras encontrar graves inconsistencias en el proceso mediante el cual se suscribió el convenio entre la Cancillería colombiana y Portugal para la fabricación y el suministro de pasaportes.
Durante una visita a las instalaciones de la Imprenta Nacional, el equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública se encontró con documentos sin soporte técnico riguroso y otros que evidencian un incumplimiento del manual de contratación vigente. Según el informe, los funcionarios no lograron justificar de forma clara la necesidad del convenio ni presentaron estudios previos sólidos.
Una de las principales preocupaciones del organismo de control fue el hallazgo de proyecciones financieras que comprometen vigencias futuras hasta el año 2036, sin que existiera autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) ni un documento CONPES, requisitos establecidos por el estatuto orgánico del presupuesto nacional.
Además, no se habría informado ni consultado a la Junta Directiva de la Imprenta Nacional sobre el procedimiento ni sobre la metodología usada para determinar el valor del contrato, que supera los 1.3 billones de pesos. Tampoco se aportaron actas ni firmas que acrediten reuniones del órgano directivo previo a la firma del acuerdo.
Frente a estos cuestionamientos, la gerente de la entidad no ofreció respuestas concretas ni documentos que disiparan las dudas del ente de control.
