El convenio, superior a los $185 mil millones, fue firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional y se suma a otros tres contratos similares. El Ministerio Público advierte posibles irregularidades y un acumulado que supera el billón de pesos.
La Procuraduría General de la Nación volvió a encender las alarmas en torno al proceso de fabricación de pasaportes en el país, tras la suscripción de un nuevo contrato interadministrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, cuyo valor supera los 185 mil millones de pesos.
La advertencia se produce más de tres meses después de que el ente de control presentara una demanda para anular el convenio internacional firmado con la Casa de la Moneda de Portugal, al considerar que existían presuntas irregularidades en ese proceso.
Pese a ello, el pasado 29 de enero de 2026 fue publicado en el SECOP el contrato interadministrativo No. CI-005-2026, cuyo objeto es la producción y la prestación de los servicios de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes.
Según la Procuraduría, el nuevo contrato genera especial preocupación porque no establece una fecha clara de inicio, aunque sí fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. A esto se suma el elevado monto de los recursos comprometidos, que asciende a $185.374.493.464.
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública también llamó la atención sobre el hecho de que este sea el cuarto instrumento jurídico suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional con un objeto contractual similar.
A este contrato se suman los convenios interadministrativos No. 007 de 2025, No. 001 del 18 de julio de 2025 y otro acuerdo firmado con una persona extranjera para la cooperación, transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de pasaportes.
De acuerdo con el Ministerio Público, la suma de los recursos comprometidos en estos negocios jurídicos supera el billón de pesos, alcanzando los $1,49 billones, lo que incrementa la preocupación por la planeación, legalidad y transparencia del proceso.
Ante este escenario, la Procuraduría anunció que evaluará la suscripción del nuevo contrato desde las acciones preventivas que viene adelantando sobre el suministro de pasaportes, así como desde las investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso.
