Una alerta lanzó el ente de control al señalar que no se cumplió la normatividad de contratación. Lo insólito son los montos y las modalidades utilizadas.
No paran las irregularidades en la contratación pública en la Alcaldía de Cali. La Procuraduría General de la Nación encontró nuevos hallazgos que hoy tienen al alcalde, Jorge Iván Ospina, en el ojo del huracán.
Al episodio, de los millonarios sobrecostos en un contrato de las Empresas Públicas de Cali – Emcali-, se suma, uno más relacionado con la celebración de 75.509 contratos de manera directa, es decir, “a dedo”, entre enero de 2020 a junio de 2022, que supera los $2.8 billones y representa el 57% del total de contratos celebrados por la actual administración caleña.
Según la alerta de la Procuraduría, en el 2021, se contrató directamente $1.5 billones, es decir, el 78% de las contrataciones se hicieron a través de esta modalidad. Entre tanto, en el mismo año, se adjudicaron $437.175 millones a través de un verdadero proceso competitivo.
En la investigación del ente de control, se halló que los contratos millonarios, 18 convenios evidenciados entre secretarías y entidades distritales con Emcali, no se suscribieron a través de las modalidades de licitación abierta.
A todo esto, se añade la celebración de contratos de empréstitos por $625.644 millones con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución.
Staff de contratos
Uno de los mayores contratistas de la Alcaldía, es la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente, -Agesoc-, con $ 133.210 millones y más de 1.176 contratos firmados.
Le sigue, una comisión arquidiocesana con $ 98.891 millones y varias fundaciones con contratos sumados por más de $ 83.050 millones, sin que se conozcan la experiencia e idoneidad de estas entidades para ejecutar un presupuesto tan alto para el Distrito sin participar de procesos competitivos.
El ente de control destacó que se espera con esta indagación, disminuir las posibles circunstancias que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico, al patrimonio público, o a los derechos y garantías de los caleños.
