El Ministerio Público abrió una actuación preventiva para evaluar la legalidad del oficio con el que la Comisión de Regulación de Comunicaciones solicitó información sobre contenidos periodísticos. La entidad advirtió que la medida podría comprometer la reserva de fuentes y la autonomía editorial.
La Procuraduría General de la Nación advirtió este martes a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre posibles riesgos para la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios, tras el oficio enviado el pasado viernes a varios medios de comunicación en el que la entidad solicitaba información sobre sus “contenidos periodísticos y noticiosos”.
En un comunicado oficial, la Procuraduría confirmó que abrió una actuación preventiva para evaluar “la legalidad y el alcance constitucional del requerimiento de información” realizado por la CRC.
El organismo de control señaló que esta solicitud “podría comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista”, derechos amparados por los artículos 20 y 73 de la Constitución y respaldados por jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-1177 de 2001, T-391 de 2007 y T-219 de 2021).
El documento enviado por la Procuraduría a la CRC advierte, además, que el comunicado posterior emitido por la Comisión “no revoca el requerimiento inicial ni aclara expresamente el carácter voluntario o vinculante de la información solicitada, lo cual mantiene un riesgo potencial de afectación a la libertad de prensa, a la reserva profesional del periodista y al derecho de los medios a la confidencialidad de sus procesos internos”.
La Procuraduría también subrayó que la CRC “no cuenta con facultades expresas para requerir información interna de los medios sobre sus decisiones editoriales”, lo que podría constituir una extralimitación de funciones por parte de la entidad reguladora.
El procurador general Gregorio Eljach ya se había pronunciado el pasado sábado, cuando advirtió que el Ministerio Público “no permitirá que desde las esferas oficiales del Estado se establezcan prácticas violatorias de la libertad de prensa y de la libertad de empresa”.
“No permitirá el Procurador que se atente contra este sagrado principio que se funda en la libertad, la cual debemos cuidar y proteger, porque es nuestra responsabilidad”, enfatizó Eljach.
