El gremio advierte que la caída en el precio del azúcar, la importación de etanol y el deterioro de la seguridad afectan a más de 1,2 millones de personas que dependen de la agroindustria. Denuncian invasiones en más de 5.000 hectáreas y riesgo para programas sociales que benefician a 12.000 menores.
La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional para proteger el empleo formal y la estabilidad de las comunidades rurales ante la difícil coyuntura socioeconómica que atraviesa el sector azucarero.
El gremio manifestó su preocupación por la convergencia de factores que hoy presionan a la agroindustria: la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, el aumento en la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y la caída en los niveles de productividad como consecuencia de las lluvias.
Este escenario, señalaron, impacta a productores de todos los tamaños, trabajadores, proveedores de bienes y servicios y a los municipios que dependen en gran medida de los ingresos tributarios generados por la actividad cañera.
Procaña advirtió que la situación de orden público agrava la crisis. Según el gremio, la presencia de estructuras delincuenciales, el incremento de secuestros, actos terroristas y extorsiones, así como las invasiones que afectan más de 5.000 hectáreas —especialmente en el norte del Cauca—, elevan el riesgo operativo y humano en el territorio.
El impacto social es significativo. La agroindustria de la caña genera alrededor de 280.000 empleos formales, que benefician a más de 1,2 millones de personas. Para el gremio, la coyuntura pone en riesgo la estabilidad laboral y la sostenibilidad económica de miles de familias en el Valle geográfico del río Cauca, donde el sector es uno de los principales motores de crecimiento regional.
Además de la generación de empleo, la cadena productiva impulsa inversión social en infraestructura comunitaria, educación, salud, seguridad alimentaria, desarrollo comunitario y protección ambiental.
Procaña destacó que, pese al entorno adverso, los productores e ingenios mantienen su compromiso histórico con el territorio mediante aportes voluntarios que sostienen programas sociales clave.
Entre ellos se encuentran iniciativas como las lideradas por la Fundación Corazón de Caña, que en 2025 benefició a más de 12.000 niñas, niños y jóvenes con una inversión superior a 11.000 millones de pesos, intervino 80 escuelas públicas en infraestructura y calidad educativa y promovió huertas familiares en las que participan más de 4.600 personas. Según el gremio, la actual crisis amenaza la continuidad de estos programas.
Ante este panorama, Procaña solicitó al Gobierno fortalecer las estrategias de seguridad rural, garantizar los derechos humanos de trabajadores y cultivadores y adoptar medidas integrales que protejan la sostenibilidad del sector.
Asimismo, reiteró la necesidad de priorizar la compra de etanol de origen nacional como mecanismo para fortalecer la soberanía energética y resguardar el empleo formal y los ingresos de miles de familias vinculadas a la agroindustria de la caña.
