La iniciativa, impulsa el trabajo digno, modifica contratos, amplía derechos y establece nuevas reglas para plataformas digitales y sectores vulnerables. Con la firma del jefe de Estado, se acaba de manera momentánea uno de los episodios políticos más tensos del último tiempo.
Con la aprobación de la Ley 2466 de 2025, el Congreso de la República dio vía libre a una nueva reforma laboral que busca modernizar las condiciones de trabajo en Colombia bajo el principio del “trabajo decente y digno”.
Esta norma, que generó bastante polémica y deliberación en su proceso de debate, modifica de forma sustancial el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990, la Ley 789 de 2002 y otras disposiciones laborales existentes.
El articulado establece como regla general la contratación a término indefinido, limitando los contratos a término fijo a un máximo de cuatro años. También introduce mayores exigencias para los contratos por obra o labor, exigiendo su formalización escrita con descripción detallada de la actividad contratada. De no cumplirse, se presumirá que la relación es indefinida desde su inicio.
Uno de los puntos clave es el fortalecimiento del debido proceso disciplinario laboral, que ahora debe cumplir un procedimiento específico, con garantías como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la participación de representantes sindicales si el trabajador está afiliado.
También, se fija la jornada laboral máxima en 42 horas semanales, distribuidas entre cinco o seis días, con posibilidad de pactar turnos flexibles, y se incrementa gradualmente el recargo por trabajo en días de descanso obligatorio hasta alcanzar el 100% en 2027.
Otro aspecto relevante, según los promotores, tiene que ver con el reforzamiento de los derechos de grupos históricamente vulnerables. Ahora, entre las obligaciones del empleador se incorpora el deber de implementar ajustes razonables para trabajadores con discapacidad, eliminar barreras de acceso laboral para mujeres, jóvenes, migrantes y víctimas del conflicto, así como establecer medidas para reubicar a trabajadoras víctimas de violencia intrafamiliar.
En cuanto a la economía digital, la ley introduce una regulación específica para los trabajadores de plataformas de reparto. Las empresas deben registrar a sus trabajadores, garantizarle afiliación a la seguridad social y permitirles conocer los sistemas automatizados que toman decisiones sobre sus condiciones laborales. Además, se prohíben cláusulas de exclusividad para trabajadores independientes y se protege su derecho al descanso.
Finalmente, como elemento destacado, el texto formaliza el trabajo doméstico y extiende la posibilidad de cotización a seguridad social a tiempo parcial para microempresas y hogares. Esta medida incluye incentivos crediticios a microempresas que mantengan cotizaciones durante más de seis meses.
Esta reforma entrará en vigor de manera progresiva y contempla plazos de hasta un año para que el Ministerio del Trabajo reglamente aspectos clave y acompañe la implementación en empresas y sectores específicos, poniendo fin momentáneamente a uno de los episodios políticos más tensos de los últimos años.
