La suspensión del traslado de dinero de las AFP a Colpensiones, ocasionó una airada reacción del Gobierno, cuya reacción del presidente de la Corte, Iván Mauricio Lenis Gómez, se tradujo en alertas contra la confianza en la justicia.
A la vez que generó una alerta por el impacto de ciertos discursos en la confianza ciudadana hacia la justicia, advirtió que la situación afecta el equilibrio de poderes entre el gobierno nacional y esta institución.
En ese sentido solicitó al presidente Gustavo Petro, tramitar las diferencias institucionales con respeto.
La advertencia surgió en respuesta a la decisión del Consejo de Estado de suspender la orden de trasladar recursos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, situación que no permitió el movimiento de cerca de $5 billones.
El rifirrafe
También generó la reacción incendiaria del presidente de la República, Gustavo Petro, por el desacuerdo con la medida.
En el rifirrafe mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, defiende la legitimidad de las decisiones judiciales, Petro, considera la decisión como un “golpe de Estado”.
“Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad para anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano”, replicó el presidente de la República.
Incluso habló de demandar penalmente al magistrado ponente de la decisión, Juan Enrique Bedoya Tovar. “La sentencia obra a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente”, señaló.
Deterioran la confianza
Lenis Gómez, calificó como preocupantes las declaraciones del presidente y de otros integrantes del Ejecutivo.
Afirmó que generan desinformación y descontextualizan las decisiones judiciales además de deteriorar la confianza institucional.
Asimismo, debilitan el Estado de derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar.
Señaló que la libertad de expresión no puede utilizarse para “edificar mensajes que privilegian el impacto”.
Respeto al ordenamiento jurídico
Recordó la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes.
Insistió en que las decisiones judiciales no pueden ser celebradas o rechazadas según favorezcan políticamente a un gobierno.
“El gobierno no puede aplaudir las decisiones cuando le favorecen y, cuando no le convienen, salir en contra, criticar o agredir a la justicia”, enfatizó.
Considera que el tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido.
Las discrepancias frente a decisiones judiciales son válidas, pero deben hacerse dentro de un cauce de respeto y con los mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico para ello.
