Tras una recusación presentada por la Presidencia de la República, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó formalmente a la Sala Plena que evalúe su impedimento para participar en el estudio del decreto de emergencia económica, mientras ocho magistrados definen si debe ser excluido del proceso.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, presentó una solicitud de impedimento ante la Sala Plena del alto tribunal para que sean sus propios colegas quienes determinen si debe apartarse del análisis de las demandas contra el decreto de emergencia económica.
La decisión se conoce luego de que la Presidencia de la República radicara una recusación en su contra, argumentando que el magistrado habría prejuzgado sobre el alcance del decreto durante varias entrevistas concedidas a medios de comunicación.
En el documento dirigido a los magistrados, Ibáñez manifestó que, mientras se resuelve la controversia, se abstendrá de participar tanto en las deliberaciones como en la votación relacionada con la constitucionalidad de la declaratoria de emergencia. No obstante, aclaró que sus intervenciones públicas no constituyeron un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del asunto.
Según explicó, sus declaraciones tuvieron un carácter estrictamente académico y se limitaron a exponer, en términos generales, las alternativas jurídicas que la Corte podría considerar conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente, sin emitir una opinión sobre la decisión específica que deba adoptarse.
El magistrado solicitó, además, que su impedimento sea tramitado con prioridad, teniendo en cuenta la trascendencia institucional y jurídica que reviste el estudio de la emergencia económica.
Ahora, corresponderá a los otros ocho magistrados de la Corte Constitucional resolver si aceptan o no el impedimento y definir, en consecuencia, si Jorge Enrique Ibáñez será apartado de la discusión y del fallo sobre el controvertido decreto.
