El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar negó estar detrás de una supuesta maniobra para hundir la reforma pensional, como lo insinuó el presidente Gustavo Petro. El expediente continúa en revisión y está pendiente de trámites internos en la Corte Constitucional.
En medio de la creciente tensión política, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, desmintió categóricamente las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, quien lo señaló de estar detrás de una supuesta estrategia para frenar la reforma pensional ya sancionada por el Ejecutivo.
En un evento sobre transición energética realizado en Nariño, el mandatario acusó al magistrado Ibáñez de liderar una maniobra para hundir la reforma pensional.
“Volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma sobre la base de que, al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado”, dijo Petro.
Además, afirmó que habría un intento por “quemar días” y evitar la posesión del nuevo magistrado, insinuando una intención de inhabilitarlo.
Ante estas afirmaciones, el magistrado Ibáñez respondió a través de un comunicado oficial aclarando que no ha participado en ninguna estrategia para frenar la reforma.
Explicó que el expediente D-15.989, relacionado con la reforma pensional, aún no ha sido resuelto porque el Auto 841 del 17 de junio de 2025 —que ordenó la subsanación de irregularidades en el trámite legislativo— no ha sido completamente firmado.
La recolección de firmas está en curso y el asunto será debatido en la próxima Sala Plena del 23 de julio.
Así mismo, indicó que aunque el Gobierno Nacional convocó a sesiones extraordinarias y la Cámara de Representantes adelantó un nuevo trámite, aún no se ha recibido un informe formal por parte de esta corporación legislativa. Por lo tanto, el proceso permanece suspendido hasta que se firme el auto pendiente y se evalúe el informe correspondiente.
La Corte recordó que cualquier decisión será tomada con base en la legalidad del trámite legislativo, sin interferencias políticas. Mientras tanto, el país sigue a la expectativa de lo que pueda determinar el alto tribunal sobre la viabilidad constitucional de la controvertida reforma.
