El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional, presentó una ponencia que pide declarar inexequible la Ley 2381 de 2024, argumentando que la Cámara de Representantes incumplió las órdenes del alto tribunal y vulneró el derecho al debate legislativo.
Un nuevo revés enfrenta la reforma pensional del gobierno nacional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, presentó una ponencia que propone declarar inexequible la Ley 2381 de 2024, norma que dio vida al nuevo sistema de pensiones impulsado por el presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el documento, el magistrado encontró vicios de procedimiento que no fueron corregidos por el Congreso durante el trámite de la ley, pese a las advertencias previas del alto tribunal. La Sala Plena de la Corte será la encargada de tomar la decisión definitiva en las próximas semanas.
El argumento central de la ponencia radica en que la Cámara de Representantes omitió el debate del articulado del proyecto, lo que impidió que las minorías congresionales pudieran ejercer su derecho a deliberar y presentar proposiciones. Este vicio ya había sido identificado en el Auto A-841 de 2025, cuando la Corte ordenó repetir la votación para garantizar un debate completo.
No obstante, durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, la Cámara solo cumplió parcialmente con la orden judicial. Aunque se discutió y aprobó la proposición sustitutiva que recogía el texto del Senado, la plenaria se negó expresamente a reabrir el debate del articulado, con 100 votos contra 11, decisión que, según la Corte, repitió el error original.
“La negativa de la Cámara de Representantes a debatir el articulado constituye un incumplimiento de la orden judicial y priva nuevamente a las minorías de su derecho al debate democrático”, señala la ponencia de Ibáñez.
De prosperar esta propuesta, la Corte declararía inconstitucional toda la ley, lo que significaría el hundimiento definitivo de la reforma pensional, una de las iniciativas sociales más ambiciosas del actual Gobierno.
El estudio de la ponencia está programado para mediados de noviembre, aunque fuentes cercanas al alto tribunal advierten que no habría consenso entre los nueve magistrados sobre la validez del trámite legislativo, lo que deja un panorama incierto para el Ejecutivo.
A la controversia se suma una recusación presentada por la senadora Paloma Valencia contra el magistrado Héctor Carvajal, considerado cercano al Gobierno, que podría alterar el equilibrio de la votación si prospera. La Corte deberá analizar si existen razones legales para apartar a Carvajal del caso antes de deliberar sobre el fondo del asunto.
