Los veteranos han tenido varios encontrones con el ministro de Defensa, Iván Velázquez por cuenta de un convenio que pretende brindar atención médica a firmantes del Acuerdo de La Habana. Aseguran que puede generar hechos de violencia entre pacientes con afectaciones psiquiátricas.
Desde hace varios meses, la iniciativa gubernamental de atender en el Hospital Militar a miles de exguerrilleros de las Farc heridos en combate -que en la actualidad necesitan atención especializada debido a la condición de salud en la que se encuentran- viene generando malestar en los veteranos de las Fuerzas Armadas.
Este convenio, firmado entre varias instituciones para financiar y poner en marcha el protocolo de asistencia médica a los exmilicianos, ha sido el principal detonante de los varios encontrones que han tenido el ministro de Defensa, Iván Velázquez con representantes de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore).
La polémica llegó al punto más alto el pasado miércoles 7 de agosto cuando un grupo de veteranos gritaron arengas en contra del programa y exhibieron pancartas con mensajes exigiendo respeto.
A través de su cuenta en X, Acore emitió un comunicado rechazando de plano el convenio que hizo oficial la recepción de atención médica general y especializada por parte de firmantes del Acuerdo de La Habana en el Hospital Militar Central.
“La Mesa de Trabajo «Fuerza Púrpura» compuesta por sesenta y ocho Federaciones, Asociaciones y Fundaciones de la Reserva, Veteranos, Victimas y Pensionados de la Fuerza Pública manifestamos nuestro total desacuerdo frente al inapropiado convenio 056 suscrito por los Ministerios de Salud y Protección Social, Defensa Nacional y el Fondo Colombia en Paz, con el fin de atender firmantes de las extintas FARC en instalaciones y bajo los servicios del Hospital Militar Central «HOMIL», referente en salud para toda nuestra familia militar”, se lee en uno de los apartes del boletín de prensa.
A renglón seguido, los exmilitares ponen de presente varias de las razones por las cuales consideran que no es pertinente, ni adecuado, ni conveniente, que se ejecute el mencionado contrato. El primero de ellos, está referido justamente a las complejidades asociadas a la instalación de prótesis y la prestación adecuada del servicio con el incremento de los usuarios.
“No se ha considerado que dentro de estas valoraciones será necesario utilizar otras especialidades para el acompañamiento de este proceso de adaptación y uso de la prótesis, lo que iría en detrimento con los usuarios del HOMIL que requieren de cuidado prioritario en diversas especialidades e incluso carecen de tiempos razonables de atención. Sumar nuevos compromisos podría congestionar aún más la disponibilidad o generar traumatismos y afectar a los usuarios frente a un derecho fundamental como lo es la salud”, asegura Acore.
Otra de las motivaciones para negarse a la ejecución del convenio, tiene que ver con la revictimización de la mayoría de los veteranos que reciben atención en el citado centro médico, pues, muchos de ellos podrían encontrarse con su victimario.
“Nos oponemos firmemente a que los servicios médicos que requieran los ex integrantes de las extintas FARC se presten en el HOMIL, por afectar directamente el honor y la dignidad militar. […] La presencia de estas personas en nuestro emblemático hospital es una afrenta contra la familia militar de Colombia, una errada decisión”, dice en otro de los apartes la nota de prensa.
Finalmente, ponen de presente las implicaciones de seguridad que pueda tener tanto para exmilitares como excombatientes afectados psicológicamente por los eventos bélicos propios del conflicto.
“Es un riesgo en la seguridad de todos los miembros de la Fuerza Pública que visitan o son atendidos en el HOMIL y en especial para quienes se encuentran en proceso de rehabilitación por lesiones o secuelas psicológicas o psiquiátricas como consecuencia del conflicto armado. Estos pacientes con comportamientos difíciles de controlar o predecir y dichos firmantes que hicieron parte de una organización terrorista que cometió graves crímenes contra la sociedad colombiana y nuestros soldados y policías, podrían originar enfrentamientos o confrontaciones en hechos de violencia, que pueden evitarse revaluando este convenio”, puntualiza el comunicado.
