Hay alarma por violencia contra líderes sociales en Colombia; durante este año se han registrado 87 asesinatos y 91 amenazas.
A pesar de que una de las promesas del presidente de Gustavo Petro era la protección para los líderes sociales, bajo su programa de gobierno ‘Colombia, potencia de vida’, las cifras de violación de los derechos humanos contra esta población son escalofriantes.
En el primer semestre de 2024, Colombia registró una alarmante cifra de 87 líderes sociales asesinados, junto con 91 amenazas contra esta población, según datos revelados por la Procuraduría General de la Nación. La situación ha llevado a la activación de la ruta de protección en 74 ocasiones, evidenciando una grave crisis en materia de Derechos Humanos en el país.
Margarita Cabello Blanco, jefe del Ministerio Público, presentó estos perturbadores datos recopilados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Los informes destacaron que los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca son los más afectados por los homicidios de líderes y lideresas sociales.
Cabello Blanco subrayó la situación crítica en el norte del Cauca, donde la violencia estructural y sistemática es particularmente evidente. “Chocó también enfrenta una grave crisis de seguridad, con siete paros armados en lo que va del año, afectando principalmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas,” señaló.
La radiografía presentada por la procuradora revela la severidad de la crisis humanitaria en Colombia, con restricciones a la movilidad impuestas por grupos armados ilegales, desplazamientos forzados, confinamientos y violaciones al derecho internacional humanitario.
La Procuraduría presentó también el Índice de Prevención de Riesgos al Liderazgo Social (IPRA), una herramienta diseñada para anticipar y advertir sobre posibles situaciones de riesgo para los líderes sociales. Este índice se aplicó en 36 municipios de regiones como el bajo Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María y Norte del Cauca.
Los primeros resultados del IPRA revelan preocupaciones significativas en términos de prevención y protección. En cuanto a prevención, se evidenció que el 16 % de los municipios carece de instrumentos y protocolos de política pública formulados, como el Plan Integral de Prevención, las rutas de protección y los Planes de Contingencia. Además, el 38 % de los municipios no tiene medidas de prevención implementadas.
En lo que tiene que ver con la protección, el informe señala que más del 50 % de los municipios no han registrado la activación de rutas de protección para el liderazgo social, mientras que el 14 % de los municipios ha activado estas rutas más de 10 veces. El 47 % de los municipios ha registrado al menos una activación.
Estos datos ponen de relieve la urgente necesidad de reforzar las políticas de protección y prevención para los líderes sociales en Colombia, que enfrentan una creciente amenaza en el desempeño de su labor en defensa de los derechos humanos.
