¡Preocupante! Gobierno Petro no ha podido frenar la violencia infantil y de género

En los primeros meses de 2024 fueron asesinados 177 niños, 121 mujeres y 8 personas transgénero.

Los anuncios de campaña del presidente Gustavo Petro de acabar contra todo tipo de violencia infantil y de género no han podido ser una realidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y abril de 2024, se reportaron 177 homicidios de niños, 11 de los cuales fueron cometidos contra población en etapa de primera infancia, 7 a infantes y 159 en etapa de adolescencia.

Para el mismo periodo, se registraron 11.195 situaciones de violencia en esta población, en las que 5.889 fueron exámenes médico legales por presunto delito sexual, 2.754 por violencia intrafamiliar y 2.552 por violencia interpersonal.

Las diez ciudades con mayores índices de casos de violencia intrafamiliar de acuerdo con informes de Medicina Legal son Bogotá, con 880 casos; Medellín, 112; Cali, 64; Villavicencio, 52; Barranquilla, 44; Ibagué, 38; Cúcuta, 35; Yopal, 33; Bucaramanga, 28, y Valledupar, 25.

Otro aspecto preocupante es el número de menores de edad que han ingresado al sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reportando entre enero y marzo de 2024, 11.427 registros, siendo los motivos más recurrentes de ingreso por omisión o negligencia, por violencia sexual y por falta absoluta o temporal de responsable.

En medio de este oscuro contexto social, la Procuraduría expresó su preocupación, no solo por los recurrentes episodios de maltrato infantil, sino porque también siguen abundando los registros de feminicidios. De acuerdo a información divulgada por varios medios de comunicación, en el primer semestre del año han sido asesinadas 121 mujeres, la mayoría en Valle del Cauca, Antioquia, Santander y en el Atlántico; de igual forma, las cifran muestran 8 transfeminicidos (feminicidio contra personas transgénero).

Para el Ministerio Público, la violencia intrafamiliar es un delito grave que requiere investigación oficiosa y no se pueden ignorar los niveles de riesgo que enfrentan las víctimas, quienes en muchas ocasiones no se autoperciben como tales debido al sometimiento al ciclo de violencia o por la dependencia económica.