La población migrante continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y estafas, entre otros flagelos.
La Procuraduría General de la Nación alertó que las medidas adoptadas para resolver la crisis migratoria en Cúcuta y Antioquia y Chocó no han sido suficientes, lo que ha ocasionado que la problemática persista.
El llamado de atención se dio luego de que el Ministerio Público se reuniera con las entidades nacionales, gobernaciones y alcaldías encargadas de atender la crisis migratoria en esas zonas de frontera en Colombia por cuenta de la llegada diaria de miles de migrantes provenientes de al menos siete países, que en su mayoría hacen tránsito hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Durante el encuentro, en el que se verificó la puesta en marcha de 48 recomendaciones clave plasmadas en un informe preventivo de la Delegada para los Derechos Humanos sobre el tema en enero pasado, la procuradora Margarita Cabello Blanco expresó su preocupación por la falta de presencia estatal en los territorios.
“No hay Estado en esas regiones y todos tenemos la obligación de colocar allí la institucionalidad de manera permanente. Necesitamos encontrar soluciones reales a esta crisis que persiste y se agrava cada día”.
Entre las grandes preocupaciones expresadas allí por el Ministerio Público estuvieron que la población migrante continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y estafas, entre otros flagelos.
También advirtió que el tema migratorio fue asignado por el Gobierno a un grupo interno de trabajo, cuando antes se encontraba en una gerencia, reduciendo así su capacidad de gestión.
Políticas públicas
El delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, cuyo despacho ha venido liderando las acciones preventivas de la Procuraduría frente a la crisis, llamó la atención también sobre la urgencia de que la Cancillería avance en la implementación de la Política Integral Migratoria y fije su ruta de implementación nacional y territorial.
Además, insistió en la necesidad de incluir a los entes territoriales en la implementación de esta política pública, no solo pidiéndoles informes básicos de cumplimiento, sino buscando integrar las medidas que se encuentran en la ley 2136 de 2021 al contexto particular de cada región.
