Durante el 2023 se presentaron 37 confinamientos más que en el mismo periodo del 2022, cuando fueron registrados un total de 119. Chocó es el departamento más afectado. ¡Viviendo sabroso!
La Defensoría del Pueblo alertó que de enero a septiembre de este año se han registrado 156 confinamientos en Colombia, es decir, 31 % más que en el mismo periodo del 2022.
La entidad informó que esta problemática ha afectado a 39.942 personas, el equivalente a 11.094 familias, lo que deja en evidencia que, a pesar de la política gubernamental de la paz total, la intensidad del conflicto armado se mantiene en muchas regiones del territorio nacional.
“Lo que desde la Defensoría del Pueblo hemos podido evidenciar es la afectación de las comunidades por cuenta de una expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial y la disputa por el manejo de economías ilegales que ejercen los grupos armados al margen de la ley”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
A ello se suma la contaminación con minas terrestres y las amenazas contra los pobladores que habitan las zonas más afectadas por el conflicto armado interno.
Zonas más afectadas
De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, el departamento de Chocó sigue siendo la zona con más confinamientos, pues a corte de septiembre se presentaron 81 eventos; le siguen Putumayo, con 21; Nariño, 17; Arauca, 13; Cauca, 12; Valle del Cauca, 5; Bolívar, 4; Caquetá, 2, y Antioquia, 1.
La tendencia continúa si se comparan las cifras con el informe ‘El Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022’, documento que fue presentado por la entidad en junio pasado en Quibdó, capital del Chocó, el cual dejó en evidencia el incremento de las restricciones a la movilidad.
Este documento también deja ver que los dos municipios con mayores confinamientos son Puerto Rico (Caquetá), en donde 7300 personas quedaron confinadas, y el segundo, el Bajo Baudó (Chocó), donde 6047 personas tuvieron que quedarse de manera forzada en sus territorios.
“En la Defensoría del Pueblo esperamos que con los nuevos anuncios de suspensión de las hostilidades de grupos armados ilegales sea garantizada la movilidad en las comunidades y el ejercicio de sus derechos, además de la disminución de la confrontación armada. También, el establecimiento de corredores humanitarios, cuando haya lugar a ello, para que sean mitigados los impactos del confinamiento en las regiones asediadas por la confrontación armada”, puntualizó el defensor del Pueblo.
