Los docentes públicos habrían presentado certificados falsos para poder ascender en el escalafón.
La Procuraduría solicitó ejercer el poder preferente en los procesos disciplinarios contra aproximadamente 18 docentes de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La solicitud se produjo tras descubrir que estos servidores públicos presuntamente presentaron documentos falsos para obtener ascensos o posiciones dentro del sistema educativo de la ciudad.
La investigación, liderada por la oficina de Control Interno de la Secretaría, reveló que los docentes involucrados, que trabajaban en diversos centros educativos, habrían falsificado documentos para mejorar su estatus laboral. Este hallazgo ha llevado a la Procuraduría a intervenir directamente en los casos.
El viceprocurador expresó que la gravedad de los hechos podría implicar una violación significativa del ordenamiento jurídico y los principios éticos y legales esenciales. La Procuraduría destacó que estos actos no solo afectan la integridad institucional, sino que también comprometen la confianza pública y los derechos fundamentales relacionados con la formación académica de los estudiantes.
El Ministerio Público subrayó la importancia de la transparencia y la honestidad en el ejercicio de la función pública, especialmente en el ámbito educativo, donde la integridad de los funcionarios es crucial para el bienestar de los estudiantes. El hecho de que estos casos se repitan pone en riesgo la fe pública y el respeto por los principios legales.
Tras un análisis detallado, se autorizó que las procuradurías Primera y Segunda Distrital asuman el control de los procesos disciplinarios, marcando un paso decisivo en la búsqueda de justicia y transparencia en el sistema educativo de Bogotá. Esta intervención busca no solo sancionar a los responsables, sino también prevenir futuros casos de corrupción y fraude en el ámbito educativo.
