Por irregularidades, Procuraduría pide suspensión de millonario contrato en Minsalud

El ente de control sugirió una suspensión temporal del proceso y recomendó evaluar su revocatoria para garantizar la transparencia y la competencia en la contratación pública.

La Procuraduría emitió una advertencia al Ministerio de Salud y Protección Social debido a posibles irregularidades en el concurso de méritos para la contratación del desarrollo y mantenimiento de soluciones de software. Esta advertencia se centra en la falta de tiempo para que los oferentes ajusten sus propuestas y la inclusión de criterios de calificación posiblemente contrarios a la normativa vigente.

El ente de control, a través del delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, señaló que la publicación de una adenda el mismo día de cierre del proceso podría infringir el principio de economía y el Decreto 1082 de 2015. Esta acción no permitiría a los oferentes ajustar sus propuestas según los cambios establecidos, generando una posible vulneración a las normas que rigen la contratación.

Además, la Procuraduría cuestionó la inclusión de la certificación de calidad CMMI como criterio de calificación en el proceso. Según lo advertido, esta exigencia podría contravenir la Ley 1150 de 2007, la cual prohíbe establecer tales certificaciones como requisitos habilitantes en licitaciones públicas. Esta práctica, indica el ente de control, podría limitar la libre competencia y afectar la objetividad en la selección de proponentes.

En respuesta a estos hallazgos, la Procuraduría instó al Ministerio de Salud a considerar una suspensión temporal del proceso mientras se analiza en profundidad las observaciones y se publica el informe en la plataforma SECOP II. Adicionalmente, se recomendó evaluar la posible revocatoria del acto de apertura del concurso para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los principios de contratación pública en el país.

Este pronunciamiento de la Procuraduría resalta la importancia de garantizar que los procesos de contratación se rijan por los principios de transparencia, economía y libre concurrencia, factores fundamentales para una gestión pública eficiente y equitativa.