Durante la investigación y el proceso, la congresista no pudo desvirtuar los supuestos de hecho que motivaron la actuación judicial, a saber, permitir que miembros de su equipo de trabajo obtuvieran millonarios sueldos sin trabajar.
Mary Anne Perdomo, representante a la Cámara por Santander y vinculada a la coalición de gobierno Pacto Histórico, fue destituida de su cargo y declarada políticamente inhabilitada por el Consejo de Estado.
La decisión, emitida el 10 de abril, se basó en hallazgos que evidenciaron irregularidades en la administración de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), lo que constituye una violación grave al manejo de recursos públicos.
El caso surgió a raíz de una denuncia presentada por Édgar Solier Millares Escamilla, quien señaló que Perdomo permitió la contratación simultánea de dos personas para el mismo cargo dentro de su UTL.
Según los documentos judiciales, María Isabel Rueda Guerrero continuó ejerciendo funciones como asistente legislativa pese a haber sido reemplazada oficialmente por Laura Fernanda Rueda Guerrero. Esta última, aunque registrada como asesora grado I con un salario mensual superior a 9 millones de pesos, no habría desempeñado las labores correspondientes.
La Sala Contenciosa Administrativa del Consejo concluyó que Perdomo actuó con pleno conocimiento de estas irregularidades. En consecuencia, se le retiró la credencial como representante y se le prohibió ocupar cargos públicos en el futuro.
