El exmandatario medellinense está envuelto en un escándalo por haber usado dinero público para pagar cuentas personales en restaurantes elegantes, supermercados, panaderías, establecimientos de comida rápida y tiendas de comida saludable.
Vuelve y juega. Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, está en la mira de la Fiscalía por hechos de corrupción. Al parecer, el ente acusador le imputará cargos dentro de las investigaciones por el uso del fondo fijo 067, que corresponde a la caja menor del despacho del entonces mandatario.
El dinero del fondo especial legalmente debe usarse únicamente para imprevistos del despacho, pero, de acuerdo con denuncias ciudadanas y medios de comunicación, Daniel Quintero lo empleó para comprar refrigerios, mercados y pagar cuentas personales de en restaurantes elegantes, supermercados, panaderías, establecimientos de comida rápida, tiendas de comida saludable, entre muchos otros, sobrepasando los máximos permitidos.
En este mismo caso también se imputaría a Juan David Duque, exsecretario privado, a quien el Concejo le declaró moción de censura.
Cabe recordar que, en este proceso, la Contraloría General de Medellín había anunciado un detrimento patrimonial de 117 millones de pesos.
Otros imputados
La administración de Daniel Quintero estuvo envuelta en varios escándalos por corrupción. Fue por eso que la Fiscalía imputó cargos a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura; Jorge Enrique Liévano Ospina, exdirector de Metroparques, y a Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, por haber firmado contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional de Medellín, entre febrero y noviembre de 2020, los exservidores públicos se habrían asociado para ordenar irregularmente el traslado de 5 mil millones de pesos del presupuesto del Jardín Botánico de Medellín, a Metroparques, para la supuesta atención de emergencia por el covid 19.
Además, se evidenció que los recursos trasladados, al parecer, fueron utilizados para el supuesto mantenimiento de las zonas verdes de Medellín y no para la atención de la pandemia.
Para la adjudicación del contrato habrían sido invitadas, de manera privada, tres empresas de un mismo núcleo familiar (Mascampo SAS, Construgeo y Reforestadora El Libano SAS) para trasladarles los recursos públicos de la administración municipal.
La Fiscalía estableció que con este comportamiento se habría tratado de dar apariencia de legalidad a la figura del contrato interadministrativo, para entregar recursos públicos a particulares con fines distintos a la satisfacción del interés general.
