Datos de la Defensoría del Pueblo muestran que los grupos armados consolidaron su control territorial bajo la Paz Total, especialmente en zonas sensibles como la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el miedo, el subregistro y nuevas modalidades de vinculación mantienen a niñas, niños y adolescentes en riesgo permanente.
La política de Paz Total del Gobierno nacional atraviesa uno de sus puntos más críticos cuando se contrasta con la realidad del reclutamiento infantil en Colombia. Aunque las cifras oficiales muestran una reducción significativa de casos reportados en 2025, el fenómeno persiste en los mismos territorios, con los mismos actores armados y bajo dinámicas criminales que se han vuelto menos visibles, pero más difíciles de desmontar.
De acuerdo con registros de la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre de 2025 se reportaron 257 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, frente a 651 casos en 2024. El descenso, cercano al 60 %, ha sido presentado como un avance, pero defensores de derechos humanos advierten que la cifra coincide con un escenario de menor presión estatal, mayor control armado y serias limitaciones para la denuncia en zonas rurales.
El perfil de las víctimas prácticamente no varió. El 62 % de los casos corresponde a niños y adolescentes hombres, mientras que el 38 % afecta a niñas. Más grave aún, el 47 % de las víctimas pertenece a pueblos indígenas y el 8 % a comunidades afrocolombianas, lo que confirma que el reclutamiento sigue concentrándose en territorios históricamente marginados y con débil presencia institucional.
Control territorial silencioso
La entidad también presenta un análisis por presunto responsable, el cual refuerza las dudas sobre el impacto real de la Paz Total. El Estado Mayor Central concentró el 47,1 % de los casos atribuidos en 2025, seguido por el ELN y otras estructuras armadas que aprovecharon los ceses al fuego y la expectativa de negociación para recomponer mandos, asegurar rutas y ampliar su influencia comunitaria. Para analistas de seguridad, el repliegue operativo del Estado creó vacíos que fueron ocupados rápidamente por estos grupos.
Ese patrón resulta especialmente preocupante en el Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde líderes comunitarios advierten que el reclutamiento no siempre se expresa como una vinculación armada directa. En muchas comunidades, la cooptación de adolescentes ocurre a través de labores de vigilancia, control social, mensajería o entrenamiento informal, prácticas que rara vez llegan a los sistemas oficiales de registro.
Analistas sostienes, basados en la realidad reportada, que la temporalidad de los hechos refuerza esta lectura. Los casos se distribuyen de forma constante a lo largo del año, con picos intermedios y una caída abrupta en los últimos meses, lo que especialistas atribuyen más al subregistro y al temor a denunciar que a una reducción real del fenómeno.
Finalmente, desde el ámbito comunitario, la evidencia sugiere que la Paz Total no ha desactivado las lógicas criminales que sostienen el reclutamiento infantil. Por el contrario, habría contribuido a un conflicto menos visible, pero más enquistado, en el que la niñez sigue siendo utilizada como recurso estratégico por grupos armados que operan con mayor margen de maniobra en territorios clave del país.
