La senadora Cabal exigió al presidente que explique por qué miembros de la disidencia de las FARC-Carlos Patiño inauguraron un puente en Cauca. A través de su cuenta de X, cuestionó la permisividad del gobierno hacia estos actos, que incluyen el cobro de peajes por parte del grupo guerrillero.
En un hecho que ha generado una fuerte controversia en la arena política colombiana, la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, ha lanzado críticas severas contra el presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Cabal cuestionó la reciente inauguración de un puente en el departamento del Cauca por parte de miembros del grupo guerrillero Carlos Patiño, una disidencia de las FARC.
«¿Será que cuando Petro regrese de sus devaneos le puede explicar a Colombia por qué permite que los terroristas de las FARC inauguren un puente en el Cauca y cobren por su uso?», trinó la senadora Cabal. El presidente Petro se encontraba en Panamá asistiendo a la toma de posesión del nuevo presidente José Raúl Mulino cuando se difundió la noticia.
El puente en cuestión, ubicado en la vereda Honduras del corregimiento San Juan de Mechengue, en El Tambo, Cauca, fue construido supuestamente por miembros del grupo disidente de las FARC conocido como Carlos Patiño, liderado por alias Iván Mordisco. Según reportes de Blu Radio, la construcción del puente, que incluye un sistema de cobro de peajes que varía entre $2000 y $10.000, ha generado preocupación y debate dentro de la comunidad y la opinión pública.
Control territorial
La construcción de este puente no es un incidente aislado. Representa una estrategia recurrente de los grupos armados ilegales para ejercer control territorial en zonas donde la presencia estatal es prácticamente inexistente.
A lo largo del año, se han reportado otros casos similares. En marzo, el EMC, antes de su fragmentación, participó en la entrega de una ambulancia en San Juan de Micay. Asimismo, en abril, un colegio en San Vicente del Caguán, Caquetá, fue inaugurado bajo el nombre de Gentil Duarte, un exlíder de las FARC asesinado en Venezuela en 2022.
En Jamundí, Valle del Cauca, otro grupo asociado a alias Mordisco construyó una carretera obligando a los residentes locales a trabajar en la obra. Lina Tabares, lideresa social de Jamundí, denunció esta situación, indicando que los guerrilleros armados supervisaban el proyecto y lideraban la ceremonia de inauguración.
La senadora Cabal, en su mensaje en redes sociales, expresó su preocupación por el aparente permiso o tolerancia del gobierno de Petro hacia estas actividades, que, según ella, permiten a grupos terroristas como las FARC operar y financiarse mediante actividades ilícitas como el narcotráfico.
Este evento ha reavivado el debate sobre la política de seguridad y el compromiso del gobierno central con la protección de las comunidades vulnerables en zonas afectadas por el conflicto armado.
Las imágenes del evento inaugural muestran a miembros armados de las FARC participando en la ceremonia, evidenciando la presencia de grupos armados en actividades que tradicionalmente corresponden a funciones estatales. Estos eventos no solo plantean interrogantes sobre la seguridad y la soberanía territorial, sino que también subrayan la complejidad de la transición hacia la paz en Colombia, con antiguos combatientes aún activos en proyectos comunitarios que desafían las políticas oficiales de desmovilización y reintegración.
Críticas al Gobierno
La situación ha generado una oleada de críticas hacia el gobierno de Gustavo Petro, acusado de abandonar a las comunidades del Cauca. La senadora Cabal no es la única voz que se ha alzado en contra del presidente. Otros sectores políticos y líderes sociales han expresado su preocupación por la creciente influencia de los grupos armados ilegales en áreas desprotegidas por el Estado.
La controversia también pone en relieve las dificultades del gobierno de Petro para mantener el control y la seguridad en regiones históricamente afectadas por la violencia y la falta de desarrollo. La presencia y las acciones de los grupos armados, como la inauguración de infraestructuras, no solo desafían la autoridad del Estado, sino que también subrayan la necesidad urgente de políticas efectivas y presencia estatal en estas zonas.
