El Consejo Superior de la Judicatura designó magistrados adjuntos en tres despachos del Tribunal Superior de Bogotá para que los titulares se concentren en el fallo de apelación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión deberá conocerse antes del 8 de octubre, cuando vence el plazo legal.
En un movimiento institucional inusual, el Consejo Superior de la Judicatura designó a tres magistrados adjuntos temporales para asumir procesos ordinarios en los despachos 004, 011 y 013 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, lo que permitirá que los titulares se concentren exclusivamente en resolver la apelación del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La medida, adoptada mediante el Acuerdo PCSJA25-12326, tiene como propósito evitar congestión judicial y asegurar que el fallo de segunda instancia se emita antes del 8 de octubre de 2025, fecha en la que vence el plazo legal para decidir la apelación interpuesta contra la condena dictada por una jueza de primera instancia el pasado 1 de agosto.
Cada magistrado adjunto deberá proferir al menos 10 decisiones de fondo en procesos penales, según la meta fijada. El acuerdo establece que los cargos son temporales y estarán vigentes entre el 11 de agosto y el 10 de octubre.
Aunque el documento no menciona directamente el nombre del expresidente, fuentes judiciales confirmaron que la medida responde a la necesidad de liberar a los magistrados titulares de otros casos y dar trámite prioritario a uno de los procesos judiciales más sensibles y polarizantes del país.
Desde que se conoció la sentencia de primera instancia contra Uribe, el país ha experimentado una oleada de reacciones divididas. Sectores afines al exmandatario consideran que se trata de una persecución política y han llamado a la movilización ciudadana.
Este 7 de agosto, miles de simpatizantes marcharon en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, así como en concentraciones simbólicas realizadas por colombianos en el exterior, principalmente en Madrid, Miami y Nueva York. Con pancartas, cánticos y banderas, los manifestantes exigieron la revocatoria del fallo y el respeto al legado político de Uribe.
En contraste, voces críticas consideran que la sentencia representa un avance en la independencia judicial y han cuestionado los intentos de presión sobre los magistrados que decidirán la apelación. La decisión de segunda instancia será clave no solo para el futuro jurídico del expresidente, sino para la estabilidad política del país, marcado por una profunda división ideológica que ahora vuelve a cristalizarse en los tribunales.
