El movimiento, debilitado tras la anulación de Rafael Martínez, mantiene el control del poder regional con Ingrid Padilla como gobernadora encargada. Los documentos plantean dudas sobre legalidad, ética y uso electoral de la nómina.
Unas planillas en Excel, divulgadas en distintos sectores del Magdalena, han encendido la polémica al identificar a funcionarios de la Gobernación y contratistas vinculados a Fuerza Ciudadana como supuestos operadores políticos en las elecciones atípicas del próximo 23 de noviembre.
Los documentos enumeran nombres, cargos y municipios donde estas personas habrían sido asignadas como “delegados”, incluyendo secretarios de despacho, gerentes de entidades y personal contratado mediante OPS. Según las tablas, se trataría de una distribución organizada de tareas proselitistas dentro de la estructura administrativa departamental.
El hecho cobra mayor relevancia porque Fuerza Ciudadana, movimiento político del exgobernador Rafael Martínez, anulado por el Consejo de Estado por doble militancia, mantiene el control del poder a través de la gobernadora encargada Ingris Padilla. Bajo este interinato, los listados sugieren que la nómina oficial estaría actuando en función de la continuidad electoral del proyecto político.
De confirmarse la veracidad de los documentos, se configurarían faltas disciplinarias gravísimas, sancionables con destitución e inhabilidad según la Ley 1952 de 2019, además de eventuales delitos como peculado por uso, abuso de autoridad o financiación con fuentes prohibidas. El artículo 127 de la Constitución prohíbe expresamente a los servidores públicos participar en actividades partidistas.
Distintos sectores han solicitado la intervención de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para verificar la autenticidad de las planillas, esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. La investigación oficial será decisiva para determinar el alcance ético, institucional y jurídico de estas denuncias.
