El documento advierte que la terna de elegibles no cumple con el principio de equidad ni refleja la proporcionalidad que exige la Corte Constitucional. La reclamante solicita revisar las calificaciones y garantizar que las mujeres concursantes sean evaluadas en igualdad de condiciones.
Trascendió a la opinión pública una observación formal presentada ante la Asamblea del Magdalena que cuestiona la validez de la lista de elegibles para el cargo de contralor departamental, publicada el 10 de octubre. El documento, radicado el 14 del mismo mes y firmado por la abogada Maryoris Margarita Pedraza Álvarez, denuncia presuntas irregularidades que —según advierte— podrían comprometer la legalidad y la transparencia del proceso de elección.
La solicitud, dirigida a la presidenta de la Asamblea, Ángela Cedeño y a la Universidad de Medellín, operadora académica del concurso, detalla presuntos conflictos de interés, inhabilidades y la omisión del enfoque de género en la conformación de la terna. El primer señalamiento recae sobre el aspirante Enrique Cotes Maestre, cuya hermana, Jacqueline Cotes Maestre, labora en la Oficina de Control Interno de la Asamblea desde 2020.
Para la peticionaria, ese vínculo constituye un conflicto de intereses, al tratarse del mismo órgano encargado de la elección. “El parentesco entre un aspirante al cargo de contralor y una funcionaria activa del órgano elector compromete el principio de imparcialidad, pues implica un vínculo directo con la entidad que decidirá su eventual nombramiento, en abierta contradicción con el artículo 272 de la Constitución”, precisa el escrito.
La abogada también solicita la exclusión del candidato Wilfrido Enrique Mercado Martínez, quien, de acuerdo con su observación, participó como aspirante a la Asamblea del Magdalena por el partido Alianza Verde en las elecciones territoriales de 2023. Esa postulación, señala, genera una inhabilidad de un año para ocupar cargos de elección relacionados con la corporación.
“No es admisible que quien hace menos de un año aspiró a integrar la corporación departamental participe en un proceso de elección convocado por la misma Asamblea. Esta situación vulnera la independencia del control fiscal y la igualdad frente a los demás concursantes”, advierte Pedraza.
Un tercer reparo está dirigido a Marlene Griselda Mendoza Morales, incluida en la lista de elegibles pese a haber sido sancionada disciplinariamente en 2022 por la Personería Distrital de Santa Marta con suspensión temporal. Según la reclamación, esa sanción representa un obstáculo para ocupar el cargo de contralora, que exige antecedentes disciplinarios intachables.
“La existencia de una sanción disciplinaria, aunque sea de un mes, constituye impedimento moral y jurídico para ejercer el cargo de contralor departamental, el cual exige conducta intachable. La legalidad de la lista debe revisarse con base en los principios de mérito y probidad administrativa”, agrega el documento.
Además de las observaciones individuales, Pedraza advierte una falta de enfoque de género en la conformación de la terna. Aunque una mujer fue incluida entre los tres finalistas, sostiene que el proceso de calificación habría incurrido en desequilibrios que afectaron la participación femenina. “La equidad de género no se agota con la presencia simbólica de una mujer. Debe garantizarse que los criterios de calificación sean objetivos y que ninguna aspirante vea reducidas sus oportunidades por interpretaciones administrativas contrarias a la jurisprudencia constitucional”, puntualiza la abogada.
Entre las solicitudes formales del escrito, destacan: los puntajes completos, revisar la legalidad de las hojas de vida y, si se comprueban las causales alegadas, excluir a los candidatos observados antes de proceder con la elección. Hasta el momento, ni la Asamblea del Magdalena ni la Universidad de Medellín se han pronunciado sobre estas observaciones.
