La defensa de la familia de la menor solicitó a la Fiscalía formular cargos por homicidio agravado bajo la figura de dolo eventual, al considerar que hubo omisiones graves en los deberes de custodia y protección dentro del colegio.
Ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada una nueva solicitud para que se formulen cargos penales contra la rectora del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, Sonia Inés Ochoa, y dos docentes de la institución, por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte de la niña Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años.
La petición fue radicada por el abogado Julián Quintana, representante judicial de la familia de la menor, quien sostiene que existen elementos probatorios suficientes para avanzar en una imputación por el delito de homicidio agravado en la modalidad de dolo eventual.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, la causa de la muerte de Valeria Afanador fue ahogamiento. El cuerpo de la menor fue hallado el viernes 29 de agosto de 2015 en el río Frío, en el sector conocido como La Fagua, en jurisdicción de Cajicá, Cundinamarca.
En el documento presentado ante la Fiscalía, el apoderado de las víctimas señala que la rectora del plantel, en su calidad de máxima autoridad institucional, habría omitido garantizar un sistema eficaz de custodia, vigilancia y control de los estudiantes, pese a conocer deficiencias estructurales en los protocolos de seguridad del colegio.
La solicitud también incluye a los docentes Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón, a quienes se les atribuyen presuntas omisiones en sus deberes funcionales. Según la defensa, Fuentes habría permitido la salida de la menor del aula sin activar oportunamente los mecanismos de protección exigibles, mientras que Pinzón, pese a advertir una situación irregular al notar la presencia de la niña fuera de su salón en un horario no autorizado, no habría intervenido para evitar el riesgo.
El abogado Quintana sostiene que, en los tres casos, los implicados tenían una posición de garante frente a la menor y contaban con la obligación jurídica de actuar, pero no lo hicieron, permitiendo que un riesgo evidente se mantuviera y derivara en el desenlace fatal.
En la solicitud, la defensa recalca que las omisiones atribuidas habrían facilitado la materialización del resultado que culminó con la muerte de Valeria Afanador, razón por la cual pide que se adelanten las imputaciones correspondientes por las conductas punibles que determine la Fiscalía.
