Miembros de la iniciativa Colombia Transparente aseguran que los más recientes eventos podrían hacer que el mandatario pierda la objetividad y solicitan al despacho declararlo impedido para el ejercicio de esta potestad.
La captura el pasado sábado 29 de julio de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ponen de presente, según muchos analistas, el notable conflicto de intereses en el que este pudiera estar incurso a la hora de proponer ante la Corte Suprema de Justicia la terna para escoger al próximo fiscal general de la Nación.
Este hecho reciente y los varios enfrentamientos que el jefe de Estado ha sostenido públicamente con el fiscal general, Francisco Barbosa, motivaron que la Iniciativa Colombia Transparente, presentara un escrito de recusación en su contra, para que se abstenga de presentar en el mes de diciembre los tres nombres para ocupar el cargo más alto en el ente acusador.
El ciudadano, Sergio Alzate, firma la misiva que enumera las varias situaciones problemáticas en las que estaría incurso Petro de cara a la postulación de quien será el nuevo fiscal general.
¿Superior jerárquico del fiscal?
Entre los hechos más relevantes, destaca Alzate las declaraciones del mandatario en el sentido de autoproclamarse superior jerárquico del fiscal; las solicitudes de libertad de más de un centenar de miembros de la Primera Línea, capturados en medio de los desmanes del paro nacional en el gobierno de Iván Duque; las designaciones de integrantes de grupos armados ilegales como gestores de paz y la petición expresa del levantamiento de órdenes de captura contra los cabecillas de estas organizaciones.
Sergio Alzate pide que Gustavo Petro Urrego se declare impedido con relación a la posibilidad de postular una terna de candidatos a ser elegidos fiscal General de la Nación, en el entendido de que concurren “la causa legal y los motivos que fundamentan la solicitud, consistentes en perdida de imparcialidad, de objetividad y de interés directo por tener una amistad manifiesta con los familiares, amigos y funcionarios públicos del más alto nivel de su administración, implicados en diferentes delitos y acciones contrarias a la ley penal”, se lee en el escrito.
De acuerdo con el solicitante, son muchos los motivas que pueden influir en la objetividad del presidente a la hora de seleccionar las hojas de vida y la filiación política de las personas que eventualmente ocuparán tan importante cargo y tendrán notoria incidencia en procesos que le afectan de manera directa.
Resta esperar el análisis jurídico que de dicha petición haga la Presidencia de la República y las conclusiones a las que arribe, sin embargo, los hechos enunciados por el demandante están a la vista de todos los colombianos.
