Para la Procuraduría, estos actos obedecían a una dinámica acogida de forma sistemática dentro de la organización terrorista para su financiamiento.
La Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que establezca como máximos responsables por el crimen de lesa humanidad de esclavitud a los excomandantes de las FARC, Édgar López Gómez, alias Pacho Chino, Juan Carlos Ramírez, alias Sargento Pascuas, y Héctor Julio Villarraga Cristancho, alias El Grillo, por la compra de secuestrados.
Para el Ministerio Público, estos actos ilegales no se trataron de eventos esporádicos cometidos por algunos de sus miembros, sino de una dinámica acogida de forma sistemática.
“Correspondió a una política que se extendió por las estructuras de las FARC – EP, en concreto por el CCO-BOCC, que además nunca se controló o delimitó”, dijo la Procuraduría.
Precio a la libertad
En su documento de observaciones frente los hechos y conductas atribuibles a exmiembros del Bloque Occidental de las FARC, perteneciente al macrocaso 01, la Procuraduría aseguró que esa unidad fue responsable de al menos 42 secuestros con finalidad financiera, en las que fueron privadas de la libertad 92 personas, incluidos menores de edad, por cuyos rescates solicitaron sumas de entre 200 millones de pesos y hasta 5 millones de dólares para no entregarlos en pedazos.
En su solicitud, la Procuraduría sacó a colación el caso de tres niños secuestrados, uno de ellos sacado a la fuerza del bus del colegio, que duró en cautiverio un año mientras su familia juntaba los 600 millones de pesos que esa guerrilla pidió por el rescate, a pesar de que, según los excombatientes, se trataba de una práctica prohibida en el interior de esa guerrilla.
Violaciones
El Ministerio Público fue más allá, asegurando que muchas de las víctimas de estos secuestros también fueron torturadas física y psicológicamente, esclavizadas, abusadas sexualmente y luego asesinadas, todo para reafirmar el dominio violento del territorio.
En este sentido, el delegado ante a JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, también requirió que se determine la responsabilidad de mando de Héctor Julio Villarraga Cristancho, Gilberto Arroyave o El Grillo, por el crimen de guerra de violación sexual que se cometió de manera concurrente con la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.
